domingo, 13 de mayo de 2018

Delito fiscal y lavado de activos en la ley 155-17



Ricardo Rojas León[1]

Algunos sectores de la vida nacional, en especial determinados sectores productivos y comerciales, han expresado preocupación por la inclusión de los delitos tributarios como infracciones precedentes del lavado de activos.  De los más de cincuenta delitos precedentes contenidos en la ley 155-17,  estos parecen ser los que mayor atención han merecido.


Como se sabe, considerar que una conducta penal constituye un delito precedente, determinante, fuente o previo del lavado dinero, lo que quiere decir es que los recursos económicos que genera esa actividad son susceptibles de ser blanqueados para ocultar su origen ilícito.

Quizás convenga recordar que la evasión fiscal fue incluida como delito precedente del lavado de activos en la Ley 55-02, la primera normativa antilavado que tuvimos en la República Dominicana.  Esa ley fue promulgada el 28 de marzo del 2002, pero fue “devuelta” al Congreso Nacional, porque supuestamente había que modificarle los porcentajes de distribución de los bienes decomisados que fueran vendidos. 

Es cierto que se modificaron esos porcentajes, pero la nueva ley, la 72-02, salió del Congreso sin la evasión fiscal como delito precedente.

Aunque en su momento no mereció mayor debate en la academia, la prensa o los círculos empresariales, analizada en forma dogmática la expresión “fondos provenientes de la evasión fiscal”, configurada como delito precedente, no fue una formulación normativa correcta, por la simple razón de que, en el ordenamiento tributario dominicano, la evasión fiscal no es un infracción penal, sino una infracción administrativa, merecedora de una sanción pecuniaria por parte de la Administración y en modo alguno una persecución y sanción penal. 

La evasión fiscal que consiste en el incumplimiento de las obligaciones formales o materiales de un contribuyente, o para decirlo en términos más sencillos, la falta de declaración de un ingreso (o hecho generador de una obligación tributaria) al igual que la falta de pago del impuesto que generan esos ingresos, o el no pago del impuesto o su retraso, no constituye un delito precedente del lavado de activos, porque –como dijimos hace un momento- son  infracciones administrativas, que la ley denominada “falta tributaria”, y que la Administración Tributaria sanciona con multas y recargos.

Claro, el Código Tributario tiene una definición propia de la evasión fiscal,

« Artículo 248. Evasión Tributaria. Incurre en evasión tributaria el que mediante acción u omisión que no constituya otra de las infracciones de este capítulo produce o podría producir una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, el otorgamiento indebido de exenciones o un perjuicio al sujeto activo de la obligación tributaria. »

Lo que exigen los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las convenciones internacionales contra el tráfico ilícito de drogas (1988), contra el terrorismo (1999), la delincuencia organizada transnacional (2000) y contra la corrupción (2003), es que los países tipifiquen como delitos conductas que lesivas que generen recursos ilícitos.

De haberse mantenido en nuestra primera ley contra el lavado de activos una prescripción de esa naturaleza, quizás el debate, la preocupación y las aprehensiones que hoy genera la inclusión del delito tributario como fuente del lavado de dinero, hubieran tenido lugar hace tres lustros.  Y se hubiera corrido el gravísimo riesgo de que alguien, una persona física o una empresa, hubiese sido perseguida y sancionada penalmente por la comisión del delito de lavado de activos, por el simple hecho de haber incurrido en una falta administrativa.

Ahora bien, hoy en día, debido a los serios esfuerzos y el compromiso de toda la comunidad internacional por combatir el crimen organizado, no se concibe una ley contra el lavado de dinero que no considere ilícitos y, por lo tanto, susceptibles de ser blanqueados, los recursos provenientes de los fraudes fiscales.  Es un estándar internacional, que lo único que ha hecho la ley 155-17 es incorporarlo al ordenamiento jurídico nacional.

Lógicamente, la nueva ley contra el lavado de activos, y esto es importante que se tenga claro, no ha incluido a la evasión fiscal y a las demás faltas tributarias como delito previo, sino únicamente a los delitos tributarios.

¿Cuáles son las faltas y delitos tributarios?

 Las faltas tributarias están establecidas por el artículo 205 del Código Tributario, y son las siguientes:

1. La evasión tributaria que no constituye defraudación.
2. La mora.
3. El incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros.
4. El incumplimiento de los deberes formales de los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria, y
5. El incumplimiento de los deberes formales de los funcionarios públicos, ajenos a la Administración Tributaria.

Por su parte,   el art. 204 del Código Tributario es el que ha establecido qué conductas constituyen un delito tributario, y por lo tanto, se pueden perseguir por lavado de activos, y son las siguientes:

1) La defraudación tributaria.
2) La elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos.
3) La fabricación y falsificación de especies o valores fiscales.

Los artículos 218 y 219 del Código Tributario establecen, claramente, que las faltas tributarias son perseguidas y sancionadas por la Administración, mientras los delitos lo son por los tribunales ordinarios.  El Código Tributario tiene claramente definidas reglas de autoría, coautoría, la reincidencia y reiteración y otros institutos propios del derecho administrativo sancionador.

El Código Tributario ha establecido claramente, en su Artículo 237, que conductas constituyen casos de defraudación tributaria.  Veámoslas rápidamente:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, planillas, manifiestos u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan gravemente en la determinación de la obligación tributaria.
2. Emplear mercancías o productos beneficiados por exoneraciones o franquicias en fines o por poseedores distintos de los que corresponde según la exención o franquicia.
3. Ocultar mercancías o efectos gravados, siempre que el hecho no configure contrabando o hacer aparecer como nacionalizadas mercancías introducidas temporalmente.
4. Hacer circular, como comerciante, fabricante o importador, productos sin el timbre o el marbete que deban llevar.
5. Violar una clausura o medidas de control dispuestas por el órgano tributario competente y la sustracción, ocultación o enajenación de especies retenidas en poder del infractor en virtud de medidas conservatorias.
6. No ingresar dentro de los plazos prescritos, las cantidades retenidas o percibidas por tributos.  

En adición a lo anterior, el art. 238 del CT contiene varias supuestos de presuniones de  «intención de defraudación», que son los siguientes:

  1. Cuando se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos.
  2. Cuando existe evidente contradicción en los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos de las declaraciones juradas.
  3. Cuadno la cuantía del tributo evadido fuere superior a los cien mil pesos.
  4. Cuando se utilice interposición de persona para realizar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes.

La ilicitud de los recursos provenientes del delito fiscal radica en que, o resultan fraudulentos en su generación misma, como es el caso de la falsificación de timbres o sellos, o se ilegitiman cuando no se entrega al erario el tributo correspondiente.
La evolución doctrinal

Las dos décadas anteriores fueron el escenario de una importante batalla doctrinal, en el ámbito del Derecho Penal y del Derecho Económico, sobre la pertinencia de considerar del delito fiscal como precedente del lavado de activos.

Una revisión de las discusiones iniciales sobre el tema revelan que, en la generalidad de los países, la determinación del delito fiscal como generador de dinero ilícito encontró un gran rechazo. La mayoría lo cuestionó y solo fue defendido desde el Estado, especialmente de las agencias encargadas de combatir la delincuencia organizada.  

Ahora bien, ¿cuáles eran las principales objeciones al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero?  Una primera critica fue la relativa al hecho de que los recursos que genera una actividad económica lícita (digamos la fabricación de zapatos o de ropa) no se tornan ilícitos por el hecho de que la persona o empresa que debe pagar el impuesto sobre el beneficio u otro tributo incumpla con su obligación.

Se decía que no es equiparable el dinero que proviene del narcotráfico, la corrupción, las apuestas ilegales, el tráfico de personas o las redes de prostitución, que el dinero que un contribuyente deja de entregarle al fisco por imposición legal.

Si el hecho generador de los bienes no es un hecho ilícito o delictivo, los recursos no pueden ser considerados como tales, aunque el sujeto pasivo de la obligación tributaria no cumple con la ley.

La “cuota tributaria”, como se llama en algunos contextos al monto del impuesto adeudado por el contribuyente, no puede ser considerado ilícito porque siempre formó parte de su patrimonio. Lo único que sucede es que no ha salido –se ha retrasado, diría alguien- para ingresar al patrimonio público.

Estos argumentos fueron ilustrados por la doctrina con varios ejemplos, uno de los cuales decía que si una persona tiene un patrimonio de 100 mil pesos, pero de esos 30,000 corresponden a tributos dejados de pagar, aquel podía gastar hasta 70,000 sin incurrir en lavado de activos.  Y que solo cuando gastara más de ese monto, entonces estaba lavando activos.

Siguiendo el mismo ejemplo, se alegaba que si de esos 30,000 pesos que eran del fisco, la persona solo gastaba o invertía 10,000, estaba blanqueando esa parte del dinero adeudado por el Estado, mientras los restantes 20,000 permanecían “limpios” en su patrimonio, en una especie de “custodia contra legem”.

Otros autores, como el profesor Enrique Bacigalupo, ex juez del Tribunal Supremo de Justicia español, inicialmente reaccionó negando que el delito fiscal pudiera perseguirse en concurso con el lavado de activos.  Bacigalupo sostenía, incluso, que perseguir el lavado de activos proveniente del fraude fiscal violaba el principio Non Bis In ídem, que prohíbe perseguir una conducta jurídico penal dos veces.  Si el objeto material de la defraudación fiscal estaba constituida por determinada cantidad de dinero, ese dinero ilícito formaba parte, era el elemento material esencial de una infracción y no podía serlo, al mismo tiempo, de otra conducta como es el lavado de dinero.

Sin embargo, hoy en día, la inclusión del delito fiscal o tributario como delito precedente de la actividad de lavado de activos, ya se encuentra consolidada, y existe una apreciable jurisprudencia penal que ha dejado claramente establecido lo siguiente:

a) que el delito fiscal genera recursos ilícitos susceptibles de ser blanqueados,
 b) que no es necesario que el que incurre en un delito fiscal gaste ese dinero, pues el lavado de activos se puede configurar como un “delito de posesión”, y
c) que el delito fiscal es perfectamente perseguible en concurso real con el lavado de activos.

Los bienes jurídicos protegidos

En relación con esto último, es decir con la concurrencia del delito fiscal con el lavado de activos, quizás convenga recordar que cada una de esas infracciones tutelan bienes jurídicos distintos.

El bien jurídico que se protege mediante el delito fiscal es la integridad de las rentas públicas.  Se sanciona el que un ciudadano o una sociedad trunque, frustre o disminuya el volumen de recursos que, al imponerse un tributo a un determinado hecho generador, deben ingresar al Estado.

Desde el punto de vista funcional, el delito tributario castiga la desviación, hacia fines particulares, del ingreso de dinero público a las arcas del Estado. Es un delito contra el patrimonio público que se configura ex ante de que el dinero ingrese al fisco.  En cierta forma, el que incurre en un delito fiscal está negando, mediante la retención o apropiación de fondos que por ley pertenecen al fisco, el derecho del Estado a percibirlos.

Desde otra perspectiva, es dable afirmar que el delito fiscal debilita el eslabón de los ingresos públicos, como algunas modalidades de corrupción debilitan el eslabón de la aplicación de esos recursos, porque, al igual que aquel, los recursos se destinan a engrosar patrimonios particulares al margen de la ley.

De su lado, el lavado de activos es un delito pluriofensivo, pues lesiona varios bienes jurídicos, en este caso supraindividuales, como serían el orden socioeconómico, la administración pública, el sistema político y el sistema de justicia.   Todos esos subsistemas, como diría Niklas Luhmann, son lesionados, contaminados por el dinero ilícito, independientemente de su procedencia.

El delito de lavado de activos lo que busca es evitar que ese dinero sucio, producto de un delito, ingrese al torrente económico y al sistema político, logrando ventajas espúreas para los que se dedican a esa actividad.

Quizás convenga recordar que cuando alguien utiliza dinero ilícito en el desarrollo de un negocio, de una empresa o comercio, está compitiendo en la forma más desleal que pueda concebirse con otros empresarios o emprendedores que utilizan capital propio, dinero de su familia o se endeudan con la banca o en el mercado de valores para financiar sus actividades.

Las conductas de lavado de activos

La nueva ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,  No. 155-17,  introdujo  al ordenamiento jurídico dominicano una serie de infracciones penales y administrativas. 

Las infracciones administrativas, como se sabe, son aquellas en que incurren los sujetos obligados que desatienden, no cumplen o violan sus obligaciones de prevención.

Las infracciones penales son las que tipifican la conductas propias del lavado o blanqueo de dinero provenientes de actividades ilícitas.

Una característica importante de los nueva configuración de las conductas que tipifican el lavado de activos en la nueva ley, es que se trata de tipos penales completos, o sea, normas que incluyen la descripción de la conducta prohibida u ordenada, y su consecuencia jurídica, o sanción. 

En la ley anterior, la 72-02,  las conductas de lavado de activos estaban definidas por los denominados verbos rectores o verbos típicos (Convertir, transferir, transportar, adquirir, poseer, tener, utilizar, administrar, etc.), mientras las penas o sanciones en los artículos del 18 al siguiente.

La ventaja de tener tipos penales completos es que constituyen la garantía de lex certa y lex stricta, que se deriva del principio de legalidad, y que implica que a una persona física o jurídica únicamente se le puede imputar lavado de activos si la conducta supuestamente antijurídica que se le atribuye se ajusta a la descrita en el tipo. 

La ley 155-17 tiene cinco conductas que se producirse, de configurarse, de realizarse, tipifican o se incurren en lavado de activos. También hay otras 12 conductas asociadas al lavado de activos y tres conductas relativas al financiamiento del terrorismo.
La pregunta que debe estarles asaltando es ¿cuáles de esas conductas de lavado de activos se la puede imputar a la persona que incurre en un delito tributario?

A nuestro modo de ver,  la persona física que incurre en algunas conductas consideradas como delito por el Código Tributario pudiera ser imputado de los tipos de lavado de activos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-1&, y de todos ellos consideramos que el más apropiado sería el consignado en el numeral tercero, que establece que: 

« 3. La persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionada con una pena …»

Esto porque en el ámbito de la doctrina cada vez más autores consideran que algunas modalidades del delito fiscal son, fundamentalmente, un delito de posesión.  Los recursos provenientes de la defraudación fiscal también pueden ser administrados o utilizados, dos conductas típicas distintas de la mera posesión ilegítima y punible de dinero perteneciente al erario.

Limitaciones político-criminales

Ahora bien, aunque no quedan dudas de que es necesario impedir que los recursos ilícitos provenientes de los fraudes, defraudaciones y otros delitos contra el fisco, de los delitos graves, y en especial del crimen organizado, ingresen a la economía, es claro que ningún Estado está en condiciones de perseguir todos los delitos que se producen en un país, independientemente de su naturaleza.


Por esto último, los legisladores en diversas latitudes han establecido criterios para la persecución del delito fiscal como precedente del lavado de activos, sólo bajo ciertos supuestos o condiciones.

Uno de esos criterios es el del establecimiento de umbrales para el delito fiscal como delito precedente.  Esto lo que quiere decir es que el delito fiscal solo se considerará susceptible de generar lavado de activos cuando la defraudación fiscal excede un monto específico de dinero. 

Por ejemplo, el art. 305 del Código Penal español establece que el delito fiscal se castiga con pena de prisión cuando la defraudación excede los $20 mil euros, siempre y cuando el imputado no se haya puesto de acuerdo con la Administración Fiscal para el pago de los tributos.  En otras legislaciones, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Y si no hay prisión como consecuencia jurídica no se puede imputar lavado de activos, pues esa conducta no sería jurídico-penalmente relevante, sino una falta administrativa.

Cuando el año pasado, el Senado creó una subcomisión técnica para discutir el proyecto de nueva ley contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de las armas de destrucción masiva, los miembros de esa Subcomisión acordamos con el sector privado, con representantes del CONEP, la Asociación de Industrias (AIRD) y la Asociación de Bancos (ABA), introducir umbrales a tres delitos:  los fiscales, los medioambientales y de los propiedad intelectual.

¿Por qué establecerle umbrales a esos delitos?  Sencillamente, porque para que el Estado racionalice su capacidad persecutora, para que optimice el uso de sus recursos humanos en la prevención y castigo de esos delitos, debe concentrarse en los casos importantes.

Entendimos que no tiene sentido invertir recursos en procesar por delito medioambiental en concurso con el lavado de activos, a una persona o empresa que es responsable de un vertido de un producto químico por la avería de un desagüe, sin que ellos le reporte beneficio alguno,  sino en costos de reparación, remediación y el eventual pago de una multa. 

Como tampoco tiene sentido perseguir por delito contra la propiedad intelectual al vendedor de películas que merodea en algunas estaciones de combustibles en el denominado “polígono central” del Distrito Nacional o de algunas ciudades del interior, en la Duarte con París, o en las playas más concurridas. Y ni qué decir de la persona o empresa que comete un delito fiscal de poca monta.

El Estado no puede invertir más en persecución e imputación penal más recursos que los que puede recuperar. Pero, además, recordemos que en República Dominicana nos hemos adheridos a una concepción del Derecho Penal como última ratio, como medida extrema de política criminal.  Es decir, que solo debemos recurrir al Derecho Penal cuando la lesión al bien jurídico sea tan importante que no sea reparable por otros medios alternativos, como por ejemplo, el procedimiento administrativo sancionador.

Aunque el Congreso Nacional no aprobó el establecimiento de los umbrales en los delitos mencionados, en el reglamento general de aplicación de la Ley 155-17, el Poder Ejecutivo incluyó una cláusula que condiciona la persecución del delito fiscal en concurso real con el lavado de activos a que la defraudación exceda determinada cantidad de salarios mínimos, así como a otros requisitos.

Esto último, que constituye una contradicción a la ley en sede reglamentaria, lo que hace es establecer criterios políticos-criminales de racionalidad en la persecución de los delitos fiscales, para que la Administración Tributaria no se distraiga en los casos menores, en los de poca monta, en la bagatela, y se concentre, no sólo en recaudar, sino en hacer realmente efectiva la lucha contra la defraudación tributaria.

Convendría, para garantía de todos los ciudadanos, que ese umbral que reglamentariamente se ha incorporado, sea sancionado, aprobado, establecido mediante una ley, para que no se corra el riesgo de que en el futuro algún juez u otro operador judicial plantee, no sin razón, que una norma reglamentaria sólo puede establecer un umbral siempre que la ley autorice hacerlo, lo cual no ocurre con la ley 155-17.

En el mismo espíritu de racionalidad del jus puniendi público, en su vertiente administrativa, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en la norma general 05-2018 que establece el régimen sancionador administrativo  de los sujetos obligados no financieros sujetos a la regulación y fiscalización de ese ente público, reivindica el principio de oportunidad, para la instrucción de los procesos sancionatorios contra las faltas que se produzcan en el ámbito de lo tributario.

Como estamos hablando de eventuales modificaciones legales y de atemperaciones reglamentarias de la ley 155-17, perdonen si aprovecho este escenario para proponer, siempre a título personal, que mediante una nueva ley se eliminen las restricciones al uso del dinero en efectivo, establecidas por el art. 64 de la ley 155-17, que muy acertadamente el presidente Danilo Medina, mediante el reglamento 408-17, ha suspendido en sus efectos hasta tanto se aprueben las normativas sectoriales sobre la materia.

Existen muchas aprensiones, temores y confusiones sobre estas restricciones en amplios sectores de la población, que muchas veces se inhiben de realizar algún tipo de operación o negocio por la mala prensa que tiene esa medida.  Aunque la economía dominicana continúa creciendo a tasas que bordean y en ocasiones superan el 6%,  la eliminación de estas restricciones al uso de efectivo -que en modo alguno exime a los sujetos obligados de hacer debida diligencia a sus clientes y realizar los reportes que resulten necesarios-, podráa traducirse en  un mayor dinamismo en los negocios.

A modo de conclusión

La inclusión del delito fiscal como precedente, previo, fuente o determinante del lavado de activos no debe interpretarse como el intermicas, en desmedro de todo aquel que ha puesto sus talentos, recursos y patrimonio ppara financiar, en forma ilegal, actividadesés del legislador o del Estado de crear dificultades a la iniciativa privada.

Todo lo contario: el mensaje es que el Estado va a dificultar que el dinero que por derecho le pertenece, porque así lo establece la ley tributaria, no alimente los patrimonios individuales y se utilice para financiar, en forma ilegal, actividades económicas, en desmedro de todo aquel que ha puesto sus talentos, recursos y patrimonio para contribuir al desarrollo de la economía nacional.

Recordemos que el combate contra la delincuencia económica busca, además de objetivos políticos,  evitar la peor de las competencias desleales que se introducen en los mercados:  aquellas que se benefician del dinero proveniente de actividades criminales o ilícitas. Nunca compite en mejores condiciones el que para poner en marcha su negocio debe financiarse con la banca o emitir títulos, cuando otra persona dedicada a la misma actividad comercial o empresarial utiliza dinero sucio.

La tarea de todos los sujetos obligados es prevenir que sus negocios sean infiltrados, utilizados para blanquear o lavar dinero ilícito procedente de actividades criminales. Para eso son los planes de prevención, los programas de cumplimiento, la capacitación al personal,  los reportes y registros.
Así como un buen padre de familia vacuna a sus hijos y demás familiares contra las enfermedades contagiosas, la prevención del lavado de activos es una forma de vacunar la salud financiera de una empresa contra el virus del dinero ilícito.

Desde el sector público se tiene la misión de fomentar entre los empresarios, comerciantes y profesiones no financieras, una cultura de prevención contra el lavado de dinero y de cumplimiento de sus obligaciones tributarias.   

Todos debemos entender  que cuando el Estado percibe los recursos que por ley le pertenecen,  existe una mayor disponibilidad para atender las demandas sociales, mejorar los servicios y tornar más eficiente el servicio público.

La clave es convencernos de que prevenir el lavado de activos es saludable no solo para los negocios, sino también para el Estado, para el Gobierno y para la justicia.   Digamos que es buen negocio.

La construcción de todo Estado Social y Democrático de Derecho, como el proclamada por la Constitución de 2010, no solo se logra con la conversión de todas las instituciones pública en garantes del ejercicio de los  Derechos Fundamentales - sobre todo de aquellos que, como la libertad de empresa, la propiedad privada y cada uno de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)-,  contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo humano; sino que se requiere que los titulares de todos esos derechos seamos capaces de cumplir con los deberes fundamentales que esa misma Constitución pone a nuestro cargo, entre ellos el de:

« …  Tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones …»,

para poner exigirle al Estado el cumplimento de su deber fundamental de garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente, como establece la parte in fine del numeral 7 del artículo 75 de nuestra Constitución.

Para velar –como establece la Constitución- por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública (art. 75.12), los ciudadanos debemos reforzar nuestra fidelidad a la ley,  en el caso que nos ocupa a nuestra legislación tributaria y a una ley que, como la 155-17, nos invita a prevenir que nuestros negocios y actividades sean utilizados por dinero ilícito, entre ellos el proveniente de la defraudación y otros delitos fiscales.





[1] Rojas León es miembro de la Junta Monetaria. Es profesor de Derecho Constitucional Económico y Administrativo.  Es experto antilavado de activos.

2 comentarios:

  1. Sólo planteo algo, las leyes tienen objetivos y hasta una filosofía, no se plantea la formulación de una ley por una corazonada, el fin de las sanciones en materia tributaria es lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que hace en realidades distintas.La defraudación tributaria tiene penas que van de 6 días a 2 años de prisión, pero se ha pretendido que sea mayor, sin considerarla en su contexto y la realidad donde se aplica. Nadie ha sido condenado por delito tributario si tiene suficiente capital social y económico. Hablar de pena de 10 a 20 años con respecto a los delitos tributarios usando las sanciones relativas al lavado de dinero como régimen penal tributario de segundo piso es un absurdo y más con el error garrafal de ignorar los umbrales. Se presume defraudación tributaria cuando el monto involucrado de incumplimiento tributario excede RD$100,0000.00, mientras que por una disposición que no obliga al juez ni ha nadie se dispone un umbral de que excede en poco los diez millones de pesos. El umbral desaparece por notificación y advertencia de la Administración tributaria que suele ser muy arbitraria y tiende a perseguir por obligaciones prescriptas, determinadas extemporáneamente y sin atribuciones para hacerlo. El CT pudo establecer penas de 20 años de prisión por los delitos tributarios, pero no se hizo porque no es esa la filosofía. Se procura afectar más el patrimonio del sujeto que privarlo de su libertad. creando un regimen que eleve los costos de la defraudación tributaria. Lo que parece natural en un medio de mucho cumplimiento tributario, donde un economista dijo que nos gastaríamos del 3 al 4 por ciento del PIB en la construcción de prisiones si se establecen los delitos tributarios como precedentes del lavado de activo sin una amnistía. Si contamos las amnistías de los últimos años veremos que son muchas, la última sucedió en el 2012, cuando incluimos en el Código Tributario los incrementos de patrimonio no justificados como ingresos no declarados. Las amnistías dicen de nuestro nivel de cumplimiento tributario. No está demás decir que tu trabajo es interesante y un buen punto de partida para la discusión de temas obviados, pero que en el futuro darán problemas. Eres muy objetivo como siempre y ha sido en todos los modos muy fácil leerte.

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    1. Te agradezco, Víctor, tus importantes comentarios. Me disculpo por la tardanza en mi respuesta, pero atendía un compromiso de trabajo, precisamente ante la misión del GAFILAT que recientemente evaluó a la República Dominicana.

      La inclusión del delito tributario como infracción precedente, previa o fuente del lavado de activos, era un compromiso internacional que el país debía cumplir. Coincido contigo en que la filosofía de nuestro Código Tributario apunta a la afectación del patrimonio del que incurre en defraudación. Y en ese sentido se orientan algunas disposiciones del reglamento 408-17, dictado por el Preisfdnet eDEanilo Medina, así como la norma 05-2018 de la Administración Tributario, que bosquejan lo que podríamos denominador un «Derecho Penal Tributario Mínimo».

      Lamentablemente, muchas organizaciones criminales incurren en defraudación tributaria como parte de sus actividades ilícitas. Y en esos casos, está más que justificada la persecución por lavado de activos de los recursos defraudados al Estado.

      En el futuro, incluso, debemos plantearnos una modificación de los aspectos penales del Código Tributario, porque se hace necesario fortalecer las garantías fundamentales a los contribuyentes, víctimas en ocasiones de los abusos de la Administración.

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