martes, 21 de abril de 2015

El Código Penal ante el TC




Ricardo Rojas León

El Tribunal Constitucional dominicano conoció, en su audiencia de ayer, lunes 20 de abril,  tres acciones directas de inconstitucionalidad contra ley 550-14, que instituyó el nuevo Código Penal, actualmente en vacatio legis.

A juzgar por la publicación del rol de audiencias, realizado por la secretaría del Tribunal, las acciones interpuestas por las fundaciones Justicia y Transparencia, Transparencia y Democracia y Matrimonio Felíz, se centran en la alegada inconstitucionalidad de los artículos que regulan el aborto.

Sin embargo, tenemos entendido que, del mismo modo, uno de los accionantes demandó la inconstitucionalidad del nuevo CP argumentando que, al aprobarse la observación presidencial no fue enviada al Senado, y que debió ser aprobado como ley orgánica.

Sobre el aborto, lo que en su momento planteamos es que se debió promulgar el Código Penal tal como fue aprobado, aprovechando su vacatio legis para discutir y consensuar –hasta donde fuera posible-, una ley especial sobre la materia. Ahora, lo dable es esperar que, si el Tribunal Constitucional se aboca a conocer los aspectos sustanciales o de fondo de las acciones, haga una ponderación de los derechos en conflictos y genere una decisión que resuelva la siempre problemática cuestión de interrumpir un embarazo, y negar la vida a un concebido, cuando se confirma uno de los supuestos en los que la vida de la madre corre peligro, la madre ha sido violada o el nascituru sufre deformaciones incompatibles con la vida.

El derecho a la vida es, probablemente, el más importante de todos los derechos fundamentales, pero en modo alguno es un derecho absoluto, que impida prescindir de ella en determinadas circunstancias. Si así fuera, no existirían institutos penales tan importantes como la legítima defensa y el estado de necesidad, que en todos los ordenamientos jurídicos permiten, en determinados supuestos, dispone de la vida de un agresor ilegítimo o de otra persona, que al igual que el autor, lucha por su vida (el caso de los dos náufragos que se pelean por un trozo de madera para salvar su vida).

Otro punto cuestionado del nuevo Código Penal, es que no fue aprobado como ley orgánica, lo cual no era necesario pues, como recientemente explicó Flavio Darío Espinal, el CP no regula derechos fundamentales, sino que tipifica delitos, recordando que los franceses, no le dieron a su CP el carácter de ley orgánica. Me permito agregar que la mayoría reforzada de ley orgánica no ha servido necesariamente de contención de reformas permanente a una ley orgánica determinada,  pues - por ejemplo-  el CP español, que se aprobó como ley orgánica, ha sido modificado en más de una veintena de ocasiones desde 1995. 

Finalmente, la injustificable falta de envío al Senado de los cuatro artículos sobre el aborto, creados por los diputados para satisfacer la observación presidencial, luce ser un aspecto sobre el que el Tribunal Constitucional podría (y debería) fallar. ¿De qué forma?  ¿Anulando toda la promulgación o sólo la parte de la promulgación basada en la observación, en este caso por su iter incompleto?  Si se anula, ¿cuál sería el alcance?  ¿Faltaría solo que el Senado ratifique lo aprobado por los diputados?

No me atrevo a especular la forma en que el TC resolverá este último aspecto, relacionado con la forma en que fue aprobada la observación parcial del nuevo CP.  Lo que si entiendo es que  nuestro (muchas veces «remendado») Código Penal napoleónico,  debe ser reemplazado sin mayores dilaciones, por una legislación, que si bien no sea una obra perfecta –como pocas lo son-, inicie una nueva era en el Derecho Penal dominicano.

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