jueves, 22 de enero de 2015

Los dos nuevos motivos de apelación


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Ricardo Rojas León

La reforma del Código Procesal Penal, cuyo texto debe publicarse en los próximos días, va a modificar en forma sustancial algunos aspectos del proceso penal dominicano.

Como se sabe, esta reforma es el resultado de varios años de discusiones congresuales, entre operadores del sistema de justicia y en la sociedad civil. Pero, también, de una atinada observación presidencial que puso bridas a una ley que, en algunos aspectos, afectaba el sistema de garantías ciudadanas; aunque, a falta de un texto alternativo, no se impidió el aumento de la duración de la prisión preventiva. La observación presidencial no fue conocida por el Congreso durante dos legislaturas, por lo que, en virtud de lo que establece el art. 103 de la Constitución, se reputa acogida tácitamente.

Una de las innovaciones positivas de las modificaciones al CPP es la reconfiguración del recurso de apelación contra la sentencia, al que ahora se adicionan dos motivos adicionales: el error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba.

Desde hace tres lustros, en el ámbito procesal penal europeo y latinoamericano, se viene debatiendo el tema de la garantía de la doble instancia, como concreción del derecho al recurso establecido en los principales pactos internacionales sobre derechos humanos.

Tan polémico es el tema que tanto el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) –en muchas ocasiones- , como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) se han pronunciado sobre el alcance del “derecho al recurso” contra la sentencia penal.

La idea es que las decisiones de los jueces puedan ser revisadas  en forma integral (en los hechos y en Derecho) por un juez o tribunal superior, como forma de desterrar el error y los agravios que injustamente se puedan ocasionar a las partes.

Como he planteado en para reiterada, en la República Dominicana existe un sistema de justicia penal de instancia única, provisto de una supuesta “apelación” y una casación.  Es el resultado de la adopción del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que es “uninstancista”, porque solo prevé la realización de un juicio y de un recurso de casación. En nuestro país tenemos dos “casaciones” –la que realizan las Cortes de Apelación y la instruye la Suprema Corte-, pues en la mal llamada “apelación” dominicana, como en toda casación clásica, únicamente se revisan los errores de derecho, o sea, los de juicio y los de procedimiento (in judicando e in procedendo, como diría Calamandrei), pero no se revisan los errores sobre los hechos.

Al admitirse como un nuevo motivo de apelación la revisión de los errores en la construcción de los hechos, los jueces de las Cortes de Apelación podrán, no solo escuchar testigos, sino reconstruir los hechos (el “cuadro fáctico”) y tomar una decisión distinta a la de los jueces de primer grado (cuando lo consideren pertinente), con lo cual el derecho constitucional a una segunda instancia, con todas sus garantías, podrá ser ejercido por los justiciables, desterrándose el “principio de intangibilidad de los hechos probados”,  que convirtió en irrevisables las valoraciones de las pruebas y las determinación de los hechos probados que realizan los jueces dominicanos. 

Otros países de América Latina ya han avanzado en el proceso de devolverle al derecho al recurso su más amplia significación, que es la que le han otorgado tanto el TEDH como la Corte IDH, y el mismo Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  Costa Rica, por ejemplo, tras una ley de reforma de su casación –luego de la sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica, de julio de 2004-, hace dos años modificó su sistema recursivo para crear el recurso y los tribunales de apelación. Argentina, por su lado, hace una década inició el camino, pero por la vía jurisprudencial, con decisiones trascendentes como el “fallo Casal”, “Romero Cacharane” y otras decisiones, en las se admitía la revisión de la premisa fáctica de las sentencias.

La ampliación de la apelación dominicana, ahora abierta a la revisión de los hechos y a la critica de los motivación de la pena –que explicaremos más adelante- coloca a la República Dominicana como uno de los países de la región donde mayores garantías dispone el derecho al recurso que le reconocen a cada ciudadano tanto la Constitución, como la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Además, la posibilidad de revisar los “errores de hecho”, ya sea en a valoración de una prueba o en la construcción de la premisa fáctica, le permitirá al proceso penal dominicano rendir culto, no ya a la (medieval) "infalibilidad" de los jueces en materia de hechos, sino a esa “pretensión de corrección” que muchos autores post-positivistas y neoconstitucionalistas, entre ellos Robert Alexy, le reconocen al derecho de este siglo XXI.


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El autor es doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha y coordinador de la Maestría en Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).­­­­­­



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