jueves, 22 de enero de 2015

La autonomía de los órganos constitucionales


Flavio Dario Espinal*


Dr. Flavio Darío Espinal
En una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional al cierre del año a propósito de una acción de conflicto de competencia interpuesta por la Junta Central Electoral (JCE) contra el Gobierno Central a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, dicho tribunal sentó importantes criterios de interpretación constitucional sobre el perfil y el alcance de la autonomía de determinados órganos constitucionales considerados órganos extra-poder, entre los que se encuentra la propia JCE. Se trata, según lo expresado por el prominente juspublicista Allan Brewer-Carías en un estudio sobre las bases constitucionales del Derecho administrativo en la República Dominicana, de “órganos del Estado que no dependen de los clásicos poderes que resultan de la clásica trilogía legislativo, ejecutivo y judicial, y que han sido concebidos en la Constitución como órganos constitucionales con autonomía e independencia”, pero que requerían de una construcción conceptual mucho más elaborada y detallada por parte del máximo intérprete de la Constitución, como en efecto ocurrió en la referida sentencia marcada con el número TC/0305/14.

El caso se originó ante la pretensión de la DGCP, dependencia del Poder Ejecutivo, de ejercer una labor de tutela o supervisión respecto de la JCE, órgano constitucionalmente autónomo, en lo que respecta a sus procesos de licitación para la compra de bienes y contratación de obras y servicios. La esencia del asunto radicaba en si la autonomía de la JCE –órgano con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, según el artículo 212 de la Constitución- quedaba afectada o no cuando una dependencia del Poder Ejecutivo (la DGCP) interfería en asuntos de su competencia.

La respuesta que dio el Tribunal Constitucional fue que, efectivamente, dicha interferencia afectaba la autonomía de este y demás órganos constitucionalmente autónomos, los cuales, según este tribunal, “escapan a toda línea jerárquica y a los controles de vigilancia u tutela jurídica de la autoridad rectora de la Administración Pública”, ya que los mismos “constituyen órganos fundamentales del Estado, pues están situados en el vértice de la organización política, en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales”. Y agrega que: “El estatus que la Constitución de 2010 le asegura al órgano electoral impide que sus competencias fundamentales, accesorias e instrumentales puedan ser limitadas irrazonablemente por el órgano legislativo; y menos aún subordinarlas ni someterlas a la supervigilancia o control, en sede administrativa, de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, ya que esto implicaría eliminar la jerarquía que le corresponde como órgano fundamental del Estado y también desconocer la autonomía constitucional de la que se encuentra revestido”.

Aunque el caso concernía a la JCE y versaba sobre un aspecto particular (conflicto de competencia entre una dependencia del Poder Ejecutivo –la DGCP- y un órgano constitucionalmente autónomo –JCE-), el Tribunal Constitucional amplió su línea argumentativa para definir el alcance de la autonomía de los órganos constitucionales en sentido general. En tal sentido señaló: “Este tribunal entiende que las actuaciones administrativas de los órganos que tienen autonomía constitucional, como es el caso de la Junta Central Electoral, no pueden estar sujetas al control administrativo o financiero ejercido por una dependencia del Poder Ejecutivo u otra instancia infraconstitucional, procurando debilitar la potestad que tiene esa entidad para reglamentar los asuntos de su competencia o las acciones que de ella se deriven. Esa facultad conlleva la potestad de decidir todo lo relativo a sus actos, entre los cuales pueden mencionarse la regulación de los derechos y deberes de sus servidores públicos, mediante el establecimiento de normas que garanticen la idoneidad y estabilidad en el empleo, la remuneración, contratación, retiro y jubilación de sus servidores; lo relativo al sistema de contratación de bienes, obras y servicios que se realicen en el marco de los principios legales vigentes y de la moral administrativa”. Los órganos autónomos a los que aplicaría este criterio jurisprudencial serían, además de la JCE, la Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Banco Central y el propio Tribunal Constitucional.

Hay que señalar, sin embargo, que el Tribunal Constitucional estableció claramente en su sentencia que la falta de competencia de la DGCP para ejercer una labor de tutela sobre la JCE “no significa, en modo alguno, que sus actuaciones se encuentren exentas de control”, pues la propia Constitución estableció las bases para que las actividades administrativas de este y demás órganos constitucionales estén sometidas a supervisión y control: primero, por la Cámara de Cuentas en su rol de órgano de control externo; segundo, por la vía jurisdiccional a través del Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional en el marco de sus respectivas competencias; y tercero, por el Congreso Nacional a través de los mecanismos de control legislativo, político y presupuestario que este dispone. De modo que el Tribunal Constitucional protegió la autonomía de la JCE y demás órganos constitucionales, pero a la vez dejó establecido que dichos órganos están sometidos a un sistema de supervisión y control, aunque no a través de dependencias del Poder Ejecutivo, sino de los instrumentos que la propia Constitución ha creado para esos fines.

* El autor es abogado y politólogo, además profesor de Derecho Constitucional. Fue embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos y ante la Misión Dominicana en la OEA.


(Tomado de Diario Libre, 22/01/15)

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