martes, 6 de enero de 2015

El TC valida el derecho ciudadano a querellarse contra los funcionarios.


Ricardo Rojas León

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana acaba de validar el derecho ciudadano a denunciar y querellarse contra los funcionarios públicos cuando cometen faltas, crímenes y delitos.

La decisión del Tribunal Constitucional está contenida en la sentencia TC-259-14 del 5 de noviembre pasado, en ocasión de una acción de inconstitucionalidad del alcalde el Municipio Santo Domingo Oeste, en contra de varios artículo de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios. La acción de inconstitucionalidad de sindico Francisco Peña Tavárez buscaba que se declarara la inconstitucionalidad del párrafo V del artículo 21 de la mencionada ley, que autoriza a cualquier persona física o moral a constituirse en querellante y actor civil, contra los funcionarios municipales.

El párrafo V del artículo 21 de la mencionada ley establece lo siguiente:

“La Cámara de Cuentas de la República Dominicana deberá publicar cada año, en la forma en que ésta determine, los resultados de las auditorias anuales realizadas a los municipios y distritos municipales en cuanto a la eficacia y eficiencia presupuestaria de acuerdo con lo establecido en la presente ley. En los casos de que como resultado de dichas auditorias se determine que se ha violado lo establecido en la misma, procederá conforme a la ley que la rige a solicitar la puesta en movimiento de la acción pública. Cualquier persona física o moral en caso de violación a la presente ley podrá solicitar a las jurisdicciones penales competentes la puesta en movimiento de la acción pública, constituirse en calidad de querellante y actor civil según los términos del Código Procesal Penal, y solicitar las sanciones correspondientes”.  (Resaltado nuestro)

El Tribunal Constitucional ha establecido que los ciudadanos pueden querellarse contra los funcionarios públicos, en virtud de lo que establece el articulo 22.5 de la Constitución, que consagra el derecho a denunciar las faltas cometidas por los funcionarios.

El art. 22 numeral 5 de la Constitución establece como un derecho de la ciudadanía "denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo".

En el numeral 8.9 de la sentencia TC-259-14, el Tribunal Constituciomal estableció lo siguiente:

“Habría que agregar, además, que la propia Constitución, en su artículo 22.5, les concede a los ciudadanos el derecho de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, lo  que debe ser interpretado, en el sentido más favorable y en atención a la finalidad que la norma persigue, que también pueden interponer querellas contra los funcionarios públicos por las faltas, crímenes y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

El Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación extensiva del derecho de los ciudadanos a denunciar las faltas de los funcionarios, que se recoge en la Constitución, declarando la conformidad con la Constitución de las normas infraconstitucionales que permiten a los ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales querellarse contra los funcionarios públicos cuando cometan cualquier tipo de delitos.

A mi modo de ver, esta decisión de noviembre pasado del Tribunal Constitucional resuelve prima facie la discusión sobre la constitucionalidad del párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal, que como norma juridical es  simlar al párrafo V del art. 21 de la ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, en el sentido de que no resulta inconstitucional querellarse contra un funcionario público.

El párrafo tercero del art. 85 del CPP permite a los ciudadanos constituirse en querellantes contra los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción o que violen los Derechos Humanos. Esta norma pretendió ser eliminada con la ley de reforma al Código Procesal Penal, la cual fue observada por el Poder Ejecutivo, quien sugirió que se mantuviera la redacción originaria - y vigente- hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto.

Una parte de la doctrina local planteó que el párrafo tercero del artículo 85 del CPP era inconstitucional, bajo el alegato de que el artículo 22.5 de la Constitución únicamente autorizaba a los ciudadanos a denunciar las faltas cometidas por los funcionarios público, por lo que el derecho a querellarse excedía la prerrogativa ciudadana establecida en nuestra carta fundamental.

Esta decisión del TC, de noviembre del año pasado, ha establecido un criterio favorable a la acción popular, que dificilmente pueda ser variado, sobre todo porque la misma Constitución, en su artículo 146, dispone proscribir la corrupción, ordenando no solo un mayor plazo de prescripción para los delitos de corrupción, sino tambien un regimen de beneficios procesales restrictivos, entre otras medidas.
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El autor es doctorando en Derecho Constitucional y coordinador de la Maestría en Ciencias Penales de la PUCMM.

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