lunes, 8 de diciembre de 2014

Los “delitos de prensa” y el nuevo Código Penal.



Ricardo Rojas León

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) recientemente calificó de “inconstitucional” el nuevo Código Penal (observado), bajo el alegato de que “mantiene la prisión para la prensa”.

Se quejaba el CDP de que los legisladores, al aprobar en nuevo Código Penal, remitieran la solución de los casos de difamación e injuria cometidos a través de los medios de comunicación y mediante las nuevas tecnologías a la ley de expresión y difusión del pensamiento, así como a la ley de delitos electrónicos, respectivamente.

La remisión normativa contenida en el art. 227 del nuevo CP es jurídicamente correcta, porque la ley 6132 y la de crímenes y delitos electrónicos son leyes especiales que regulan el ejercicio de un derecho (la primera) y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación (la segunda).  La difamación e injuria que regula, y siempre ha regulado el CP, es la que cometen los particulares en sus relaciones ordinarias y directas, no aquella en la que incurren periodistas o cualquier persona a través de los medios masivos tradicionales o digitales.

Pero, a más de esto, existen dos razones adicionales para la remisión que cuestionan el CDP y algunos abogados.  La primera es que la ley de expresión y difusión del pensamiento está siendo estudiada en la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados para su modificación – lo que en modo alguno es ignorado por los dirigentes del colegio de periodistas -, y mal podría regularse un delito especial – como el que podría cometer un comunicador – a través de una ley general, como lo es el Código Penal.  

Pero, lo más importante es lo siguiente: la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser regulado por una ley orgánica, que respete el contenido esencial de ese derecho y que únicamente le imponga restricciones que sean razonables, pues se debe tomar en cuenta que la libertad de expresión es necesaria para la existencia de una democracia.  Y eso no se logra regulando la libertad de expresión a través de un Código Penal, sino con una ley especial como la que se discute en la Cámara Baja, que permitirá un desarrollo normativo amplio, como merecen libertades y derechos como los contemplados en el art. 49 de la Constitución. 

La nueva ley sobre expresión y difusión del pensamiento no sólo debe contener las eventuales infracciones que se cometen a través de los medios informativos, sino, y muy fundamentalmente, normas que protejan a la libertad de expresión en sus distintas manifestaciones y modalidades.

Además, resulta muy anticuada y propia de las dictaduras (y de los gobiernos neo-populistas) la expresión “delitos de prensa” – usada por algunos críticos del CP-, pues en el constitucionalismo de este siglo, y en el derecho penal moderno, lo que se intenta solucionar son las colisiones de la libertad de expresión con el derecho al honor, a la dignidad, al buen nombre, a la intimidad, y a lo sumo, se habla de la tutela penal de estos últimos. 

Confiemos en que el Congreso dote a la comunicación social dominicana de una ley que garantice el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios masivos, que elimine la prisión por opinar, y que únicamente establezca un sistema de consecuencias civiles para los casos en los que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información se realice lesionando en forma grave los derechos al honor, el buen nombre, la dignidad y la intimidad, entre otros que constitucionalmente se encuentran dentro de sus límites externos.


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El autor es doctorando en Derecho Constitucional.



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