martes, 25 de noviembre de 2014

La “inconstitucionalidad” de algunas penas


Ricardo Rojas León

Algunos abogados y connotados juristas han pegado el grito al cielo al enterarse de que el nuevo Código Penal contempla sanciones de 30 a 40 años de prisión mayor para algunos delitos muy graves, llegando algunos a afirmar que son “inconstitucionales”, bajo el alegato de que la Constitución dominicana ha establecido que la finalidad de la privación de libertad es la rehabilitación y reinserción social del condenado.

Considero que antes de analizar qué normas constitucionales vulneran  esas penas, conviene ver cuáles son las conductas que se castigarían tan severamente.

Las infracciones sujetas a esas sanciones son: el genocidio (o sea el asesinato, tortura, exterminio, desaparición forzada, violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada y otras conductas, perpetrados en forma generalizada y sistemática contra una población civil); las infracciones graves de guerra (como el homicidio, tortura, ataques contra poblaciones civiles, reclutamiento de niños, cometidas en tiempos de guerra); y el homicidio agravado (contra un Presidente, Vicepresidente, un senador, un diputado, el defensor del pueblo, la ex pareja, padre, madre o un niño, un abogado de la barra contraria o una persona en razón de su sexo, preferencia u orientación sexual).

También se castigaría con esas penas el feminicidio, el sicariato, el envenenamiento, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra niños, niñas, adolescentes, una persona vulnerable, un ascendiente o descendiente. Del mismo modo, se sancionaría así la violencia doméstica o intrafamiliar que causa la muerte de la víctima, la violación que causa la muerte de la víctima, así como el secuestro con torturas o tratos crueles.

La pena máxima en la legislación vigente son 30 años de reclusión. ¿Se debe castigar con esa pena el genocidio, que implica la muerte o tortura de muchas personas? ¿Se debe sancionar con esa pena a un padre que mata a su esposa y a sus dos hijos o que le pega fuego a la vivienda donde todos duermen? ¿Se vulnera el principio constitucional de proporcionalidad si la sanción imponible para estos casos mencionados es mayor de 30 años? Humildemente, creo que no.

¿La rehabilitación de un genocida o de un torturador es igual a la de un simple asesino u homicida, o a la de un “ladronzuelo"?  No sabemos, pero el sentido común sugiere que, probablemente, un genocida o torturador necesitaría exponerse a más programas de rehabilitación y reinserción social que los otros infractores. Y, como deberá suponerse, ello implica mayor estancia en prisión. O, dicho de otro modo, un apartamiento social más prolongado.

Imponer penas altas a delitos muy graves como los mencionados en los párrafos anteriores no vulnera la Constitución, pues lo que le está vedado al legislador es imponer penas desproporcionadas  (digamos diez años por una simple bofetada, un arañazo o por “mentarle la madre” a alguien), o vulnerar el principio de razonabilidad, prohibiendo conductas inocuas, como rascarse la cabeza en público o sacarle la lengua a un vecino. 

Otros principios son el de necesidad y el de idoneidad. ¿Es necesario castigar con prisión al genocida o al torturador, o al que viola o al feminicida? Parece que si. ¿Hay una sanción más idónea que la prisión para las personas que cometen esos delitos graves? Ningún país avanzado o liberal las ha inventado.

O sea que, la supuesta inconstitucionalidad de esas penas no es tal. Muy por el contrario: el nuevo Código Penal incorpora institutos que van a permitir una mayor y más efectiva rehabilitación de los condenados, pues prevé la posibilidad de que las penas de prisión menores de un año puedan ser cumplidas en forma programada (dos meses en prisión, tres meses en libertad, cuatro meses en prisión, etc.) o los fines de semana y días feriados, o por horas, es decir, de seis de la tarde a seis de la mañana. Esto, lógicamente, son casos excepcionales, sujetos a reglas y autorizados por el juez de Ejecución de la Pena.

Recordemos, también, que los jueces pueden acoger circunstancias atenuantes e imponer penas más bajas. Y esas penas de 30 a 40 años pueden ser rebajadas o cambiadas por otras, al tenor con lo establecido por el artículo 60 del nuevo Código Penal, que algunos de sus críticos (aparentemente) no terminan de conocer.


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El autor es magister en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha (Toledo).

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