jueves, 29 de agosto de 2013

Consideraciones sobre la ley salarial.


Flavio Darío Espinal
(Articulista invitado)

 

Cuando el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano se conoció en las cámaras legislativas en la última etapa del gobierno anterior, el mismo generó una fuerte discusión pública en torno a cuestionamientos sobre la constitucionalidad y la pertinencia de algunas de sus disposiciones. La ley, sin embargo, fue aprobada por el Congreso Nacional con un gran respaldo de los legisladores y de importantes sectores de la opinión pública, pero la misma fue observada por el Poder Ejecutivo, por lo que no pudo entrar en vigencia en esa oportunidad.

            El Congreso Nacional conoció de nuevo la ley en tiempos recientes, la aprobó sin incorporar las observaciones que había hecho el Poder Ejecutivo y el 6 de agosto fue promulgada por el presidente Danilo Medina. Esta vez el tema de la ley salarial pasó prácticamente inadvertido en la opinión pública, por lo que podría pensarse que las críticas que se le hicieron en su momento se diluyeron o que las mismas carecían de razón o fundamento. En realidad este no es el caso pues las objeciones que se le hicieron en su momento siguen siendo válidas, aunque podría considerarse como “políticamente incorrecto” volver a plantear críticas a una ley que ha recibido un fuerte apoyo de los legisladores, el aval del actual presidente de la República y el respaldo de amplios sectores de la opinión pública.

            La ley, sin duda, tiene muchos aspectos positivos, pero su problema central reside en que la misma socava la autonomía que la Constitución de 2010 ha otorgado a un conjunto de órganos e instituciones estatales. La cuestión refiere al papel de tutelaje que la ley le otorga al Ministerio de Administración Pública y, a través de él, al Poder Ejecutivo en lo que respecta a la política salarial de órganos e instituciones que la Constitución ha dispuesto que sean autónomas respecto del gobierno central.

            Un poco de antecedentes podría ayudar a plantear mejor el argumento. La Ley No. 41-08 sobre la Función Pública y que crea la Secretaría (hoy Ministerio) de Administración Pública le otorgó a este en su artículo 7 numeral 9 la atribución de “elaborar y actualizar el sistema redistributivo del personal de la Administración Pública Central y Descentralizada” en coordinación con el Ministerio de Economía y la Dirección General de Presupuesto. Esta es una atribución lógica y apropiada pues la misma concierne al gobierno central y a las instituciones descentralizadas que están adscritas a, y bajo la vigilancia de, el Ministerio más compatible con su actividad, según lo que dispone el artículo 141 de la Constitución.

            La Ley de Regulación Salarial expande esa atribución hacia otros órganos e instituciones del Estado a los que la Constitución le ha otorgado autonomía, por lo que no pueden estar supeditados a la dirección y el tutelaje del gobierno central en materia remunerativa o cualquier otra materia. En efecto, el Párrafo del artículo 11 de la Ley de Regulación Salarial establece esta conexión y subordinación última de dichos órganos e instituciones al Misterio de Administración Pública y al presidente de la República en lo que respecta al aspecto remunerativo. Si bien dicho artículo reconoce que la escala salarial de “los organismos autónomos y descentralizados del Estado de naturaleza financiera, así como de los que tienen a su cargo la supervisión y regulación de actividades económicas de interés general” será establecida por resolución que dicte la autoridad competente según el régimen propio establecido en la ley que los instituye, al mismo tiempo establece que “la entrada en vigencia de estas escalas salariales estará sujeta a la aprobación del Presidente de la República, previa opinión del Ministerio de Administración Pública”.

       Esta disposición contraviene la autonomía que la Constitución ha otorgado al Banco Central, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, a la Junta Central Electoral y a la Cámara de Cuentas. A todos estos órganos e instituciones la Constitución les reconoce autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. En el caso del Banco Central la Constitución establece incluso que el mismo tiene “patrimonio propio”, lo que también está plasmado en el artículo 16 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

       Si bien es cierto que la Constitución establece en su artículo 144 que la ley establecerá “las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados  del Estado”, nada en dicho artículo sirve de fundamento a la noción de que el gobierno central, a través del Ministerio de Administración Pública, tendrá la potestad de decir la última palabra en materia de escala salarial respecto de los órganos e instituciones que gozan de autonomía constitucional. Al hacerlo, la Ley de Regulación Salarial atenta contra esa autonomía. Esto no quiere decir que estos órganos autónomos no deban observar en materia remunerativa los principios de transparencia, racionalidad, eficacia, jerarquía, entre otros, a los que están sometidos todos los órganos del Estado, pero esto debe hacerse en un marco de respeto a la autonomía que la Constitución les ha reconocido.

En conclusión, al expandir el poder del Ministerio de Administración Pública y del presidente de la República mucho más allá de lo que la Ley de Función Pública correctamente estableció, la Ley de Regulación Salarial se ha situado en tensión con la concepción y las normas plasmadas en la Constitución relativas a la autonomía de ciertos órganos e instituciones estatales. Tocará, entonces, al Tribunal Constitucional definir la naturaleza y el alcance de esa autonomía constitucional y en función de esta definición determinar, como se sostiene en ese artículo, si la Ley de Regulación Salarial contraviene la Constitución.



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