sábado, 15 de diciembre de 2012

Partidos y Constitución



Los partidos políticos en la Constitución dominicana


                                                                      Ricardo Rojas León[i]

SUMARIO:  1.- Antecedentes,  2.- Constitucionalización de los partidos políticos, 3.-  El derecho a fundar partidos, 4-  Principios y finalidades de los partidos políticos, 5.-  Reflexión final.


1.- Antecedentes

La democracia dominicana es una democracia de partidos, pues la “voluntad popular” se manifiesta a través de las posiciones que, en los distintos ámbitos de la vida nacional, asumen los partidos políticos.

El sistema político dominicano, empero, es un sistema presidencialista, en el que el Poder Ejecutivo tiene una gran cuota de poder, frente a un Congreso que apenas formalmente realiza el contrapeso. Los presidentes dominicanos han sido “reyes electos” (Arrimada)[ii] y los partidos políticos, más que entidades debidamente organizadas y dotadas de democracia interno, son, más que nada, un sistema de lealtades alrededor de un líder local o nacional.


Hasta la promulgación de la Constitución del 26 de enero de 2010, los partidos políticos eran los grandes ausentes en el texto fundamental.

En la Constitución de 1966, los partidos políticos apenas figuran mencionados en el art. 82, que trata del gobierno del Distrito Nacional y de los municipios, y en el que se señala que los funcionarios municipales serán elegidos por el pueblo, en elecciones que se celebrarán cada cuatro años, “…mediante candidaturas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales”.

Y, en la reforma constitucional de 1994, vuelve a incluirse la figura del partido políticos cuando, al crearse el Consejo Nacional de la Magistratura, como órgano que elegía a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, se acordó que entre los integrantes del primero estarían el Presidente del Senado “….y un Senador escogido por el Senado que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente del Senado”.  (art. 64, párrafo I, numeral 1), así como al Presidente de la Cámara de Diputados “un Diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a un partido diferente al partido del Presidente de la Cámara de Diputados.” (art. 64, párrafo I, numeral 1)

La Constitución de 1966, reformada en 1994 y 2002, mantuvieron la redacción de que “las elecciones se harán según las normas que señale la ley, por voto directo y secreto, y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos”.  (art. 91 de la Constitución de 1966).

La formación, registro y todo lo relativo a la presentación de las candidaturas está regulado por la Ley Electoral, No. 275-97, la cual establece, en su artículo 41 que “Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes, con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado”.
2.-  Constitucionalización de los partidos políticos.

El derecho constitucional a constituir partidos políticos, los principios que deben normales, así como sus fines esenciales, están establecidos en el capítulo III, del Título XIII de la Constitución dominicana de 2010.

Todo lo relativo a lo indicado en el párrafo anterior está establecido en el art. 216 de la Constitución,  con la siguiente redacción:

“Artículo 216.- Partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son:
1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;
2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;
3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. “

Un análisis del texto precitado nos permitirá establecer el alcance del derecho a la formación de partidos políticos, los principios constitucionales que deben caracterizar su organización, así como las finalidades que la Constitución le reconoce a los partidos, de la cual derivan los limites a la libertad de creación de partidos políticos.

Pero, la relevancia del mismo es que, por primera vez, la Constitución recoge de manera principal, y no accidental o accesoria, a los partidos políticos, reconociéndolos como instrumentos fundamentales para la participación política democrática, la elección de los cargos públicos y la vigencia del pluralismo político.

3.-  El derecho a organizar partidos

Aunque el derecho a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, de acuerdo con el art. 216 de la Constitución de 2010, a nuestro modo de ver esa libertad es el resultado del reconocimiento de otros derechos fundamentales por parte del constituyente, los cuales, a nuestro modo de ver, serían los siguientes:

1.    La libertad de conciencia y cultos, establecida en el art. 45.
2.    La libertad de asociación, consagrado en el art. 45.
3.    El derecho a elegir y ser elegido, establecido en el art. 22.1

La libertad de conciencia y cultos es el derecho fundamental vinculado, no sólo a la libertad religiosa, sino a la libertad y disidencia política.  Como bien ha establecido Waldron, el desacuerdo es la regla general en la política y no la excepción.[iii]  No es concebible una democracia donde no se respeten las ideas diferentes a las oficiales o del poder.

Del mismo modo, el derecho a la libre asociación con fines lícitos es uno de los derechos que preanuncia la libertad de organización de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, pues no tendría justificación alguna, desde el punto de vista democrático,  permitir la libre asociación para fines diversos, prohibiéndola, al mismo tiempo, para fines políticos.

También, la libre formación de partidos políticos es necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, en sus dimensiones activa y pasiva.  Si no se permite la creación de partidos diferentes, se dificulta la elección entre candidatos de diferentes ideologías o propuestas programáticas alternativas, y el derecho al voto se torna ilusorio.

Lógicamente, que esos derechos y libertades de las que se nutre, a nuestro modo de ver, la libre organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tiene como telón de fondo la naturaleza democrática y pluralista del Estado dominicano.
  
Y es que el talente democrático de un Estado se mide, no sólo por la libertad política y el libre ejercicio del derecho al voto, sino por la posibilidad de que los ciudadanos se organicen para participar en las asambleas que deciden quienes integran los poderes públicos.

Es importante hacer notar que el derecho a formar partidos, movimientos y agrupaciones políticos es de titularidad universal, es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a organizar agrupaciones políticas, salvo, lógicamente, que sus derechos civiles y políticos hayan suspendidos.   La Constitución no habla expresamente de los titulares de ese derecho, por lo que puede ser ejercido por toda persona que resida en el territorio dominicano, sin importar su credo, raza o nacionalidad, siempre que cumpla con los requisitos que establezca la ley electoral.

3.-  Principios para la creación y finalidades de los partidos políticos.

Aunque la Constitución dominicana reserva a la ley el desarrollo de los aspectos organizativos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, establece, sin embargo, que “… su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia…”.   Es decir, que el tipo de partido político que se adapta al modelo constitucional dominicano es aquel en el que priman la democracia interna y la transparencia.

Estos dos principios son, a nuestro modo de ver, las piedras angulares sobre las que debe cimentarse el sistema de partidos políticos de la República Dominicana, cuyos fundamentos legales deberán ser desarrollado en la tan reclamada “Ley de Partidos Políticos”, cuya aprobación ha sido dilatada por el Congreso Nacional.

Pero, además de ser esencialmente democráticos y transparentes, el constituyente dominicano le ha asignado fines específicos a los partidos, movimientos y agrupaciones políticos.  

La primera finalidad esencial que la Constitución de 2010 le encomienda a los partidos políticos es la de “…Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia…”  (art. 216.1)

Es decir, la Constitución ha establecido que la participación de los ciudadanos dominicanos en los diferentes procesos políticos se realiza a través de esas entidades.   Este texto, a nuestro modo de ver, es el que esencialmente define a la dominicana como una democracia representativa de partidos, dejando atrás el modelo de democracia liberal que animó a los fundadores de nuestra nacionalidad y que, a través de las llamadas “asambleas electorales”, mantuvo su presencia en el constitucionalismo dominicano.

La segunda finalidad que la Constitución dominicana le encomienda a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas es la de “…Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular…   Esta finalidad es particularmente definitoria de la esencia democrática del sistema de partidos políticos dominicanos, porque esa formación y manifestación de la voluntad popular a la que están constitucionalmente conminados las agrupaciones políticas, se expresa mediante “la propuesta de candidaturas  a los cargos de elección popular”, las cuales tienen que realizarse bajo las dos siguientes premisas: a) En igualdad de condiciones, y b) Respetando el pluralismo político. 

De la lectura del 216.2 pudiera colegirse que los partidos políticos son los medios a través de los cuales se contribuye a formar la voluntad popular, pero respecto de las candidaturas que les son presentadas a su consideración, en un ambiente de pluralismo e igualdad de condiciones. 

La tercera de las finalidades esenciales que la Constitución le encomienda a las organizaciones políticas es la de “…Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. “  (art.216.3)   Se trata de tres conceptos indeterminados, digamos que mandatos constitucionales de textura abierta o simples principios aplicables a la actividad de los partidos políticos. 

5.- Reflexiones finales

La Constitución dominicana de 2010 es la primera de las leyes fundamentales de esta nación que incorpora la figura del partido político como un instrumento de participación político-democrática.   A nuestro modo de ver, ello se explica por el hecho de que el constitucionalismo dominicano fue deudor de la concepciones democrático liberales decimonónicas, las cuales se reflejaron, en el texto constitucional, a través de la constitución de las asambleas electorales.  Es decir, en la tradición constitucional dominicana, la representación política se ejercía a través de las asambleas electorales que se organizaban cada cuatro años.  Ello es, a nuestro modo de ver, lo que explica, la marginación de los partidos políticos del texto constitucional.

Ahora bien, la acogida constitucional de las agrupaciones políticas es un reflejo del nuevo estadio de evolución de la democracia representativa dominicana, la cual ha derivado en una democracia de partidos o partidocracia, a pesar de la naturaleza clientelar, populista y caudillesca de algunos de los partidos políticos nacionales. 

Resulta trascendente, a nuestro modo de ver, que el art. 216 de la Constitución establezca como principios fundamentales o, más bien notas específicas, de las agrupaciones políticas, el que éstas se vertebren sobre la democracia interna y sobre la transparencia. Y, del mismo modo, que la Constitución le encomiende a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, algunas finalidades esenciales, las cuales apuntan a convertirlos en instrumentos a través de los cuales se forma la voluntad popular.









[i] El autor es Doctor en Derecho, con maestrías en Derecho Económico, Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional.
[ii] ARRIMADA Lucas, Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Abeledo-Perot, Buenos Aires, 2009, pág. 102
[iii] WALDRON, Jeremy. Derecho y desacuerdos.  Editorial Marcial Pons, Madrid, 2005, p.24

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