martes, 18 de diciembre de 2012

El asesinato del coronel Francis Caamaño



El fusilamiento de Caamaño fue un crimen de guerra y, como tal, no se beneficia de la prescripción del derecho común.


Ricardo Rojas León
@R_Rojas_Leon

Recientemente, varios juristas dominicanos se mostraron partidarios de que sean sometidos a la justicia los militares y policías que participaron en el asesinato del coronel Francisco Alberto Caamaño Deño, ocurrido en Las Manaclas, San José de Ocoa, en febrero de 1973.
La reacción de juristas como el doctor Ramón Antonio Veras (Negro), que comparto plenamente, se produce luego que uno de los hijos del Héroe de Abril, Álvaro Caamaño Acevedo, reclamara públicamente el enjuiciamiento de las personas que mataron a su padre.
Desde que fue fusilado por un oficial de la Policía Nacional, por evidentes instrucciones superiores, los militares y el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer, difundieron la versión de que Caamaño Deño murió en combate.
Y recuerdo que, cuando en el gobierno de los 10 años de Balaguer, se permitió el rescate de los restos del guerrillero, el ex vicealmirante Ramón Emilio Jiménez (Milo) dijo, en una conferencia de prensa, que su amigo de la época de la academia militar murió combatiendo a las fuerzas regulares. Y que él (Jiménez), para evitar que su tumba fuera profanada, ordenó que sus restos fueran cremados.
En los ambientes policíaco-militares se conoce quien apretó el gatillo, siguiendo instrucciones de un oficial superior. Incluso, en el libro publicado por Hamlet Hermann y Ramiro Matos González, titulado “El general y el guerrilero” (o viceversa, porque he extraviado mi ejemplar) aparece el nombre del oficial de la Policía Nacional que se afirma haber disparado contra el líder constitucionalista.
Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos, a casi 40 años de la muerte de Caamaño, es si, desde el punto de vista jurídico-penal,  los que ordenaron y ejecutaron su muerte pueden ser traducidos a la justicia.
Yo me inscribo en la corriente que sostiene que sí pueden ser procesados y condenados penalmente, por el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Alguien pudiera argumentar que el Estado Dominicano aún no ha ratificado la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada por las Naciones Unidas en 1968 y vigente desde el año 1970.  Y que, por lo tanto, el fusilamiento de Caamaño se beneficia de la prescripción establecida en nuestro ordenamiento penal.
Sin embargo, al haberse ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que nuestros tribunales aplican diariamente, el Estado aceptó la excepción a la irretroactividad de las leyes contenida en el ordinal 2 del art. 15 de ese convenio internacional, que establece que “Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. (1)

Más aún, en el caso "Almonacid Arellano vs. Chile", sobre un asesinato cometido durante la dictadura del general Augusto Pinochet, estableció que "Aún cuando Chile no ha ratificado dicha Convención (de 1968), esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lsa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (Jus Cogens), que no nace con tal Convención, sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa" (2)

Luego de esa decisión de la Corte IDH, la Corte Suprema de Chile, hizo una interpretación similar sobre el tema de si los principios de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad se aplicaban o no en esa nación, a pesar de no haber sido ratificado por el Estado chileno.

"La universidad del principio de impresciptibilidad, predicada en el preámbulo de la Convención de 1968, es demostrativa del carácter puramente declarativo que el isntrumento internacional asigna a esa isntitución, el cual se refuerza a partir de la simple lectura de su art'iculo 1, en cuanto precisa que los crímenes de guerra (letra a) y de lesa humanidad (letra b) son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido", sostuvo la Corte Suprema de Chile. (3)   Del mismo modo se han pronunciado otras Corte Suprema Federal de Argentina y la Corte Superior de Justicia de Lima. (4).

Como crimen de guerra, el fusilamiento de Caamaño puede ser perseguido y sancionado en cualquier momento, ya que, por un principio que es jus cogens, ese tipo de delito es imprescriptible.
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Magister en Derecho Constitucional

(1) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos, art. 15.2
(2) Corte Interamericana de los Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia del 26 de septiembre de 2006.
(3) Corte Suprema de Chile, citado por Amnistia Internacional, Informe Uruguay, Los crímenes de Derecho Internacional no están sujetos a prescripción. 2011, pág. 21.
(4) Ibid. idem, pags. 22 y 23.

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