martes, 23 de octubre de 2012

Ciudadanicemos la política criminal


Ricardo Rojas León

El Procurador General de la República, Francisco Dominguez Brito, anunció recientemente que revisará la política criminal del Estado, cuyo diseño e implementación le corresponde al Ministerio Público.

Más que eso: el jefe de la política criminal ha iniciado reuniones en cada una de las provincias del país, para recibir las impresiones de los diversos sectores sobre la forma en que el Estado debe enfrentar el fenómeno de la criminalidad.

La política criminal es la disciplina que, con el auxilio de varias ciencias, orienta los fines de intervención que realiza el Estado para contener y sancionar las conductas que lesionan los bienes jurídicos más preciados en una sociedad.

Es posible asumir varias perspectivas en materia de política criminal, incluso hay quienes, como Delmás-Marty, consideran que la política criminal, más que reacción estatal, es “el conjunto de métodos con los que el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal”.

En momentos en que algunos sectores tienen la percepción de que vivimos un auge de la delincuencia y en que el Congreso Nacional estudia modificar los códigos Procesal Penal y del Menor, así como sancionar un nuevo Código Penal, la revisión y modificación de la política criminal luce ser un imperativo.
Pero, parafraseando a Daniel Pou Suazo - experto dominicano en políticas de seguridad ciudadana-, quien ha planteado la necesidad de “ciudadanizar la Constitución”, pienso que la coyuntura actual demanda que “ciudadanicemos” la política criminal.  Y a esto parecen orientarse las consultas que realiza Dominguez Brito.

La nueva política criminal que resulte de esas consultas, y supongo que de reuniones con organizaciones de la sociedad civil y operadores del sistema de justicia, debe perseguir, como en todo Estado Social y Democrático de Derecho, además de un combate más efectivo de la delincuencia, garantizar la más amplia realización de los derechos fundamentales, así como el debido proceso de ley y el acceso a la justicia de las víctimas.

Pero, además, propender hacia una mayor eficacia en la intervención penal, concentrando los esfuerzos en las infracciones que mayor lesividad y conflictos ocasionan en las diferentes comunidades del país.

Este esfuerzo de “ciudadanización” de la política criminal debe, del mismo modo, hacer compromisarios de sus objetivos a los ciudadanos/as y a las organizaciones sociales y comunitarias, así como convertirlos en promotores de los mecanismos de solución alterna de conflictos previstos en la normativa procesal penal dominicana.

Y, claro está, confiar en que el Ministerio Público recibirá los recursos económicos necesarios para que tenga las condiciones materiales básicas, que le permitan llevar a la práctica, hacer realidad, esa nueva política criminal.


No hay comentarios:

Publicar un comentario