martes, 17 de julio de 2012

La inconvencionalidad de la relevancia constitucional (I)



Ricardo Rojas León

Los criterios de relevancia constitucional que, como requisitos para la admisibilidad del recurso de revisión de una sentencia en materia de amparo, fueron establecidos en la  STC. 7-2012, en el caso “Severino Fornet”, coliden con la jurisprudencia de la Corte  Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). 
Como se sabe, el legislador le ha encomendado al Tribunal Constitucional conocer los recursos de revisión de las decisiones de amparo que adopten los tribunales. En la sentencia sub examine, el TC incorporó los criterios de admisión en materia de amparo desarrollados por la jurisprudencia constitucional española. Y, además, en una interpretación de “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”,  planteó que “la revisión no representa una segunda instancia a recurso de apelación  para dirimir conflicto inter partes”. 
La Convención establece en su art. 25 que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, le ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
Existe abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana que plantea la necesidad de que ese recurso que prevé el art. 25 de la CADH, sea sencillo, rápido, sin mayores formalidades, pues estas pueden "tornarlo ilusorio".  
"No basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para que éstos puedan ser considerados efectivos", ha planteado la  Corte IDH (Cfr. Caso de la Comunidad Mayagua, Caso Cantos, Caso Juan Humberto Sánchez, Caso Maritza Urrutia). 
De acuerdo con la TC-07-12, la relevancia constitucional solo se encuentra en los supuestos: i) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; ii) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; iii) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; iv) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica, cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacia constitucional. 
A un ciudadano al que le han violentado un derecho fundamental poco le importa, y no tiene que importarle, que su caso no sirva para que el Tribunal Constitucional establezca una doctrina, sino simple y llanamente que se le otorgue la tutela que ordenan la Constitución y el Pacto de San José.  
A nuestro modo de ver,  el certoriari establecido en la Ley 137-11, así como los criterios de relevancia o especial trascendencia que nuestro TC fijó en el “Caso Severino Fornet”, contravienen la jurisprudencia sobre el “recurso efectivo” de la CorteIDH,  al tornar ineficaz el recurso de amparo, debido a que establecen unos requisitos orientados por un interés general o colectivo, dejando de lado que el amparo busca proteger un derecho fundamental individual.
Por otro lado, desde hace más de dos décadas la Corte ha venido planteando en una serie de decisiones y opiniones consultivas (Hilaire et al vs. Trinidad y Tobago, Barrios Altos  vs. Perú y otras), que ese recurso rápido, sencillo y efectivo tiene que sustanciarse conforme las garantías judiciales establecidas en el art. 8 de la CADH, una de las cuales es la posibilidad de que se revise la sentencia por un juez o tribunal superior.
Para la Corte Interamericana los arts. 25 y 8 de la Convención constituyen un “todo inescindible”, lo que llevó al ex presidente de ese tribunal Antonio Cançado Trindade a manifestar que “la indisociabilidad que sostengo de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma…”
A nuestro modo de ver, los criterios de relevancia del recurso de amparo, establecidos en la ley, su desarrollo por el TC y la concepción de ese recurso contenida en la STC 07-2012,  constituyen formalidades y obstáculos que anulan el derecho que tiene toda persona a contar con un recurso de amparo,  que debe admitir una revisión amplia por parte de alguna instancia, para que satisfaga la doctrina del recurso efectivo de la CorteIDH  y pueda ser considerado conforme con la Convención Americana.
Si el Tribunal Constitucional está sobrecargado o teme sobrecargarse en lo inmediato, y si, además, no se concibe como una segunda instancia en materia de amparo, el país debe ir pensando en atribuir esa función a otro órgano o jurisdicción, que sea capaz de cumplir con la obligación que tiene el Estado Dominicano de crear un recurso que proteja a los ciudadanos, en forma efectiva, de las violaciones o amenazas a sus derechos fundamentales. 
Esto nos plantea algunas alternativas de solución, que serán objeto de análisis de nuestro próximo artículo.

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