jueves, 5 de abril de 2012

Carta al Pleno de la Suprema Corte de Justica, de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, sobre las propuestas para llenar puestos vacantes, sometidas por el Consejo del Poder Judicial.


                                                                       Santo Domingo, Distrito Nacional
                                                                                                           03 de abril de 2012


A los                     :  HONORABLES JUECES QUE INTEGRAN EL PLENO
                                 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
                                
De la                     :  Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana
                                (ASOJURD).

Asunto                :  Comunicación


Honorables magistrados:

La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana ASOJURD, entiende que el listado de propuestas para llenar las vacantes remitido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo del Poder Judicial y que se hizo público a través de la página web del Poder Judicial, no llena el voto de la ley aún cuando reconocemos las cualidades y virtudes que adornan a muchos de los magistrados que figuran en el mismo.
Sin necesidad de entrar en particularidades, es importante que no se desvirtúen los poderes que les reconocen la Constitución y las leyes, a los diferentes organismos que componen el Poder Judicial en la República Dominicana.
El artículo 154 de la Constitución confiere, dentro de las atribuciones propias de la Suprema Corte de Justicia, “el designar”, de conformidad con la ley de Carrera Judicial, los jueces de los diferentes tribunales que componen el Poder Judicial en el país.
Siguiendo con nuestra Carta Magna en su artículo 156, dentro del Capítulo del Consejo del Poder Judicial, establece dentro de las funciones de ese organismo el presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos y candidatas para nombramientos y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, todo  de conformidad con la ley.
La Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, en su artículo 21, establece que los jueces ascenderán en el escalafón de la judicatura, a la categoría inmediatamente superior con previa calificación de los meritos acumulados.
La Ley 28-11 que crea el Consejo del Poder Judicial se pronuncia en los mismos términos que la Constitución al establecer, en su artículo 8, dentro de las atribuciones administrativas del Consejo del Poder Judicial la de presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos y candidatas para fines de nombramientos y ascensos.
El artículo 28 de la ley del Consejo del Poder Judicial establece que los jueces del Poder Judicial serán ascendidos por la Suprema Corte de Justicia atendiendo a la propuesta del Consejo del Poder Judicial conforme a normas preestablecidas en la propia ley.
Cabe destacar que las propuestas de ascensos deberán ajustarse de forma estricta al orden consignado en el Escalafón del Poder Judicial y en caso de que existan jueces con idéntica puntuación, el Consejo del Poder Judicial deberá motivar su decisión, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de aplicación de los sistemas de Escalafón Judicial y Provisión de Cargos.
 Debemos detenernos en este punto, pues hay quien interpreta de la lectura del artículo pre-citado que el Consejo del Poder Judicial puede remitir a la Suprema Corte de Justicia una sola propuesta por cada vacante, aun cuando existan varios jueces en igualdad de condiciones para fines de ascensos, a condición de que motiven la propuesta o el candidato.
Sobre el particular, es preciso señalar, que el poder de elección por disposición constitucional lo tiene la Suprema Corte de Justica y ese poder de elección sólo puede ser ejercido de manera satisfactoria y plena cuando exista la posibilidad de opción, lo contrario sería una imposición, inaceptable por demás, pues resulta violatoria a la Constitución.
El artículo 4 de la Constitución dominicana establece la separación de poderes y el ejercicio independiente de sus respectivas funciones. Señalando de forma enfática que los encargados de cada uno de los poderes del Estado son responsables y no podrán delegar las atribuciones conferidas por disposición constitucional. De ahí que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no puede delegar en el Consejo del Poder Judicial su atribución de designar, aun de manera indirecta o tácita, los jueces de los tribunales del Poder Judicial.
En qué consisten entonces las atribuciones del Consejo del Poder Judicial al momento de producirse una o varias vacantes para nombramiento y/o ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial.
De la lectura integral de las disposiciones contenidas en el artículo 156 de la Constitución y los artículos 8 literales 3 y 4, y el artículo 28 acápite primero todos de la ley 28-11, se desprende que la función del Consejo del Poder Judicial en esta materia se circunscribe a realizar un levantamiento de los méritos acumulados por los posibles candidatos a escalar de posición, conforme al sistema de Escalafón de la Carrera Judicial.
Esto así porque dentro de las funciones administrativas del Consejo del Poder Judicial figura, el de formular las propuestas de ascenso y jerarquización en estricto apego al orden consignado en el Escalafón del Poder Judicial, reglamentar el Sistema de Escalafón Judicial, la aprobación de la actualización anual del Escalafón Judicial propuesta por la Dirección General de Carrera Judicial, aprobar los instrumentos de evaluación de desempeño de los jueces del Poder Judicial. Por lo que es este organismo el llamado a recopilar toda la información necesaria y pertinente a los fines de elaborar la pirámide jerárquica.
La propuesta formulada por el Consejo del Poder Judicial debe estar motivada en tanto debe contener una relación de los méritos acumulados por los candidatos presentados para la posición de que se trate.
Del mismo modo deberá establecer, cuando dentro de las propuestas figuren jueces de un Departamento Judicial distinto a donde se apertura la plaza, los motivos que se tuvieron para no considerar a los jueces del propio Departamento donde se encuentra la vacante.
En el mismo sentido debe ser motivada la decisión que contenga cualquier situación sui generis que amerite una justificación; sin que en ningún caso, esa motivación deje de establecer los motivos por los cuales no han sido tomados en cuenta los demás jueces de igual categoría de los que finalmente resulten propuestos. El Consejo del Poder Judicial no tiene facultad para descartar posibles candidatos.
Esa motivación a cargo del Consejo del Poder Judicial cobra hoy mayor relevancia, pues estamos frente a un número significativo de vacantes cuyos reemplazos podrían eventualmente causar un impacto significativo en el equilibrio del Poder Judicial Dominicano.
Por otro lado cabe recordar que, tal como habíamos denunciado en un comunicado remitido a la prensa el pasado mes, tenemos un Consejo del Poder Judicial que  a un año de la elección de sus miembros ha omitido cumplir con la obligación que le impone su propia ley orgánica de elaborar una serie de reglamentos que vienen a normar el correcto discurrir del Poder Judicial entre el que debemos, por cierto enfatizar, el Reglamento para el sistema de Escalafón Judicial, lo cual deja en el campo de la especulación muchos de los motivos que podrían tenerse para determinar los correctos candidatos para promoción a los distintos cargos.
Finalmente la obligación de motivar las propuestas de nombramiento y ascenso, por parte del Consejo del Poder Judicial, cumple con el importante propósito de llevar a conocimiento de los ciudadanos las razones que se han tenido para tomar en cuenta a los distintos candidatos propuestos, al tiempo de permitir que los candidatos no propuestos puedan ejercer, si así lo juzgan pertinente, los reclamos que al efecto entiendan.
Estamos confiados en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes, desempeñará un rol a la altura de las circunstancias haciendo las exigencias y enmiendas que permitan que este proceso culmine con un resultado apegado a la Constitución y a las leyes.
No es ocioso recordarles, Honorables Magistrados, que al momento de tomar estas decisiones resulta imperioso que estas promociones operen bajo los criterios fijados en la Constitución en su artículo 150 y por el artículo 79 de la Ley de  Carrera Judicial. Estos son: los principios de mérito, capacidad y profesionalidad unido al tiempo de servicio en la judicatura, tiempo en la categoría que ostente, evaluación de desempeño, tiempo en la docencia académica y producción bibliográfica.
Cuando existe una voluntad real de poner orden en la casa el ejemplo debe venir de quienes la dirigen. En sus manos está el futuro de la Carrera Judicial ¡recuérdenlo!.

YUDELKA VILLANUEVA                                  YSIS B. MUÑIZ ALMONTE
        Presidente                                                        Vice-presidente


No hay comentarios:

Publicar un comentario