jueves, 9 de febrero de 2012

Prensa y justicia, a la medida


Ricardo Tello Carrión
Articulista invitado
Periódico El Universo


Parece ser uno de los objetivos del modelo: una prensa y unos actores judiciales a la medida del poder.


Por el un lado, basta con raspar apenas con la uña la falsa pintura que recubre a los medios públicos y a los incautados, en los noticiarios y espacios de opinión. Una política editorial definida, penosamente, por atractivos salarios y poca rigurosidad en el trabajo: hablar bien del régimen y evitar “daños espirituales” a cualquiera de sus funcionarios. “Periodistas” cuya agenda no va más allá del adulo, el simple registro, las preguntas abiertas –de esas que no incomodan– y otras lambonerías al aire y en vivo. Trabajo cómodo.

Medios y periodistas que se desgastan hablando de los medios privados y sus errores, sin reparar en que ellos están en esos mismos errores que subrayan –y que injustamente generalizan por esa misma falta de rigurosidad– pero del lado del poder, que es peor. Una prensa pública sobre la que tenía expectativas, pero que mientras no alcance independencia, no podrá salir con su propia propuesta, y se limitará a ser la “caja de resonancia” del Gobierno y sus funcionarios.

Pero como hay prensa privada, libre de la propaganda y la presión oficial, entonces se recurre a la estrategia desde otros sectores. Y creo que el reciente ejemplo es la sanción que la jueza María Mercedes Portilla ha dictado en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano. El delito: citar –en el ámbito periodístico “citar” es atribuir directa o indirectamente una declaración o cita a una determinada fuente– a Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, en referencia a los contratos firmados con el Estado ecuatoriano, y que presuntamente el mandatario los conocía. La sanción: un millón de dólares por cada uno a favor del demandante, y 100.000 dólares más para sus abogados.

La cita de los periodistas –de la estirpe de los que incursionan en los trabajos investigativos de largo aliento, y escriben libros– no ha sido aclarada en derecho. O al menos no nos hemos enterado de que se haya aclarado, que hubiera sido más fácil que incursionar en terrenos por igual densos y metafísicos, relacionados con “daños espirituales”.

La Justicia, también a la medida, se ha puesto sola en evidencia: sentencias infalibles a favor del demandante, solo cuando este se trata del ciudadano presidente, e implacables contra el demandado, cuando estos son periodistas, bestias salvajes o sicarios de tinta. Claro que hay que aclarar que las “bestias salvajes y los sicarios de tinta” somos inmunes a los daños espirituales, y con una justicia así, ni para qué demandar a la inversa.

Una justicia que, de forma inaudita, ha impuesto sanciones absolutamente desproporcionadas en los casos relacionados con la prensa y los periodistas independientes del poder, y se ha mostrado benevolente cuando las demandas han sido en contra de aquellos “periodistas” funcionales al discurso del poder.

Así, la prensa dependiente y la justicia secuestrada han dado puntada tras puntada para que las piezas del modelo encajen perfectamente: o te sumas y hablas –sentencias– lo que nos gusta, o te asustas y te callas –nos absuelves– por el miedo.

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