lunes, 6 de febrero de 2012

Julio Aníbal, por respeto a sí mismo y en defensa de todos los jueces del país.


Por Ramón Antonio Negro Veras


He considerado como correcta y prudente la decisión del doctor Julio Aníbal Suárez, de no guardar silencio ante lo decidido en su contra por el Consejo Nacional de la Magistratura, al no confirmarlo, sin debida justificación y explicación, como juez de la Suprema Corte de Justicia.

“La virtud del silencio no está en no hablar, si no en saber callar a su tiempo y en saber hablar a su tiempo”. Llegó el momento de Julio Aníbal hablar, actuar.

El doctor Julio Aníbal Suárez, al igual que muchos de su generación, está más para allá que para acá, a él, como a mí y a muchos de sus amigos y amigas, le quedan por vivir menos años de los que ya hemos vivido, y si durante toda nuestra existencia hemos tratado de ser coherentes con nuestro comportamiento, vida profesional y pública, hoy no podemos aceptar tranquilamente, en silencio, que se nos quiera lesionar lo que hemos cuidado: merecer el respeto y la consideración de lo sano y mejor de nuestro pueblo.

Además, el doctor Julio Aníbal Suárez ha combatido en todas las trincheras donde se ha luchado en el país defendiendo, empuñando la bandera de la institucionalidad. Entonces, hoy cuando se pretende presentar a Julio Aníbal como un juez que no actuó correctamente, que deslustró con su incorrecto proceder a la justicia, él jamás debe guardar silencio.

No, no y no. Nada de pasividad, vamos a demostrarles a los magistrados del país que nunca más un juez honrado, digno y laborioso, sin tachas, puede ser marginado sin justificación valedera alguna, y también herirlo en su persona, conducta y ejemplar vida pública.

Ante la jurisdicción que sea, Julio Aníbal tiene que dirigir sus pasos porque ante la decisión que le afectó, él puede lograr que: “[…] al Tribunal Constitucional le compete realizar el análisis externo del acuerdo cuestionado, a efectos de constatar si éste es el resultado de un juicio racional y objetivo donde los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la adopción de la decisión, sin caer en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos.”

Al accionar, Julio Aníbal lo que persigue es: Se trata en resumidas cuentas de realizar el ejercicio de un prudente control constitucional respecto de la argumentación que desarrolló el Consejo Nacional de la Magistratura a la hora de asumir la función que le corresponde constitucionalmente […].”

En la presente coyuntura que vive nuestro país, donde en el mundo jurídico tanto se habla del debido proceso, Julio Aníbal debe demostrar que: “[…] el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo; entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquiere el derecho a la motivación de las resoluciones […].”

De igual manera, accionando ante la jurisdicción correspondiente, Julio Aníbal puede demostrar, en lo que se refiere a lo huérfana de la decisión que le afectó, por ausencia de motivación, que: “En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.”

Julio Aníbal, también puede poner de manifiesto que: “La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en […] la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.”

Julio Aníbal, llevando su caso ante la justicia puede alegar que: “[…] a nivel de doctrina se considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación. La motivación permite pues a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria, sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.”

Por último, Julio Aníbal puede poner en evidencia: “[…] que un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión; de modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no solo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.”

Los hechos retenidos por el Consejo Nacional de la Magistratura para excluir al doctor Julio Aníbal Suárez no fueron expuestos, y al respecto está admitido que: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que la administración exprese las razones o justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.”

Pero como si fuera poco, Julio Aníbal, en la jurisdicción apoderada al efecto puede alegar que: “A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en tanto constituye una condición impuesta por la Ley […] Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es, por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.”

Al examinar el acta número 24 del 21 de diciembre próximo pasado, del Consejo Nacional de la Magistratura, con su accionar, Julio Aníbal llegará a demostrar que: “[…] resulta fuera de toda duda que se violó el derecho a una decisión debidamente motivada por cuanto la motivación es sólo aparente. Y es que si bien es cierto la mayoría de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, así como expresan al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sin embargo sólo intentan dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico.”

En conclusión, Julio Aníbal, en su favor, puede alegar que: En efecto si bien la mayoría de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura motivan y expresan las razones que los condujeron a tomar una determinada decisión […] sin embargo se advierte que el acuerdo cuestionado, si bien ha sido emitido al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida, resulta arbitrario por cuanto carece de justificaciones objetivas que, por lo demás, debió provenir de los propios hechos debidamente acreditados […]”. En el caso de Julio Aníbal, se debió de tomar en cuenta su honestidad, probidad, su laboriosidad y la documentación que tuvo a mano el Consejo Nacional de la Magistratura en todo el curso de la evaluación de él para ser confirmado como juez, o decir cuáles fueron los hechos específicos imputados a Julio Aníbal para su no confirmación.

Pura y simplemente, el doctor Julio Aníbal Suárez, al llevar su caso ante los tribunales, al aclarar y demostrar la arbitrariedad en su contra, le presta un servicio más al país, contribuye a afianzar las instituciones, y favorece y garantiza el futuro de todos y cada uno de los magistrados que aquí ejercen dignamente las funciones de juez.

Fuente de Citas:

SENTENCIA No.03891-2011-PA/TC. LIMA, PERÚ. Sentencia del Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, en fecha 16 de enero de 2012.


6 de Febrero de 2012.

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