jueves, 2 de febrero de 2012

El protocolo de San Salvador

Ricardo Rojas León

La República Dominicana depositó la semana pasada en la Organización de Estados Americanos (OEA) el instrumento de ratificación del "Protocolo de la
Convención Americana de Derechos Humanos relativa a la Abolición de la Pena de Muerte", que fuera ratificado por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado.

Esa decisión del Estado Dominicano fue saludada recientemente por el secretario general de la OEA, el ex cancilller chileno José María Insulza, y ahora por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La pena de muerte se encuentra proscrita en la República Dominicana desde la Constitución de 1966, pues la anterior, la del 1962, la permitía en casos de traición a la patria. La actual Constitución ha prohibido la pena de muerte en su articulo 37, en el que se consagra el Derecho a la Vida, como el primero de los derechos fundamentales. "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte", establece la Constitución del 2010.

Así las cosas, la ratificación del protocolo de la "
Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte", aunque desde el punto de vista normativo pudiera considerarse redundante, reafirma la decisión del Estado Dominicano de incorporar a su ordenamiento constitucional los diversos instrumentos interamericanos en materia de Derechos Humanos.

Nuestro país ya había ratificado otros tres instrumentos: la "
Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura", la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", y la Convención de Belém Do Pará, o "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer".

La CIDH está alentando al país a que, del mismo modo, ratifique la
"Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", y el Protocolo de San Salvador, o "Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

Pienso que habiendo declarado a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, esta nación debe incorporar a su ordenamiento constitucional tanto el Protocolo de San Salvador como la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

El Protocolo de San Salvador, porque la Constitución de 2010 ha catalogado como fundamentales a los derechos económicos, sociales y culturales, otorgándole, a nuestro modo de ver, la categoria de justiciables. Y la segunda, porque vendría a reforzar el Derecho a la Integridad Personal establecido en el art. 42 de la Constitución.

La incorporación de estos dos instrumentos de Derechos Humanos al ordenamiento constitucional dominicano se traducirá en una mayor cualificación de nuestra democracia, e incidirá, en la medida en que trabajemos por su vigencia sociológica, en un mayor y mejor disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la que ha sido denominada como la Constitución más avanzada de toda Iberoamérica.

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El autor es abogado




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