sábado, 28 de enero de 2012

El escalafón y el gobierno judicial


Ricardo Rojas León


La Ley Orgánica del Poder Judicial ordena que los ascensos o aumentos de jerarquía de jueces deben realizarse cumpliendo en forma estricta con el escalafón judicial.

Del mismo modo, el articulo 150 de la Constitución establece que tanto el ingreso, los ascensos y las promociones, en el marco de la carrera judicial, se harán “con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad…”

Ahora bien, uno de los problemas y retos que confronta el Gobierno Judicial dominicano es el de completar y publicar el escalafón judicial, tarea inexplicablemente inconclusa, pero sumamente necesaria.

¿Por qué decimos esto? Sencillamente, porque con la escogencia de los miembros y directivos de las denominadas altas cortes, pero fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, han quedado vacantes alrededor de una decena de cargos de jueces de Cortes de Apelación.

Pero, hay otro detalle importante: entre los actuales jueces de Cortes de Apelación, hay cerca de otra decena que cumple con los requisitos para una jubilación.

O sea que, estamos hablando de que, la Suprema Corte de Justicia, por recomendación expresa del Consejo de Poder Judicial, está en condiciones –y tiene la obligación- de llenar los cargos de jueces dejados vacantes por los nuevos integrantes de la SCJ y del TC que ya formaban parte de la carrera judicial.

Asimismo, lo más prudente es que los jueces de Cortes de Apelación que cumplan con el requisito de ser pensionados, reciban su jubilación, toda vez que habiéndose establecido una nueva SCJ, y siendo el período de esta de siete años, ninguno de los jueces de cortes que califican para una pensión, no cumplirá en el año 2018 los requisitos de edad para pretender ser juez del más alto tribunal judicial.

De modo que lo más razonable es que esos jueces que califican para pensión, la reciban y que los cargos que dejen vacantes sean llenados por jueces de primera instancia y sus equivalentes (jueces de la instrucción, de ejecución penal y de jurisdicción original en materia inmobiliaria).

Llenar los cargos que actualmente se encuentran vacantes en las Cortes de Apelación y los que eventualmente pudieran generarse por la jubilación de algunos jueces, obligaría, a su vez, a llenar las vacantes que se crean a nivel de jueces de primera instancia y sus equivalentes.

De modo que, en la práctica, estamos hablando de alrededor de cincuenta ascensos de jueces, todos y cada uno de los cuales deben hacerse, a nuestro modo de ver, de acuerdo con el escalafón judicial.

Por eso, es necesario que la Suprema Corte de Justicia complete el escalafón de los jueces y que lo haga público, como establece la ley, para que los ciudadanos podamos conocer no sólo las evaluaciones de desempeño de esos servidores públicos a los que se ha encomendado la noble y difícil tarea de juzgar, sino para saber quienes se encuentran en qué lugar del escalafón.

De esa forma se va a fortalecer la carrera judicial, y el Consejo del Poder Judicial y la misma Suprema Corte de Justicia podrán contribuir al buen gobierno de la justicia dominicana. Y es la mejor manera de desterrar la discrecionalidad, el nepotismo, el amiguismo y la política de los ascensos y promociones judiciales.

Lo que estamos sugiriendo es que se cumpla con la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como con la Ley de Carrera Judicial y su reglamento, porque como bien ha escrito don Alejandro Nieto, en su libro El Desgobierno Judicial, “¿Qué autoridad moral queda al incumplidor para exigir cumplimientos a los demás?.

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