domingo, 18 de diciembre de 2011

El caso de los dominicanos de ascendencia haitiana

Ricardo Rojas León


Recientemente, un directivo de Global Rigths, una ONG que trabaja el tema de Derechos Humanos en América Latina, definió a la República Dominicana como el país afrodescendiente de América “donde más se discrimina a los afrodescendientes”.



Su afirmación, ante un grupo de defensores de los Derechos Humanos, de cerca de una veintena de países de América Latina, no resultó extraña porque, una semana antes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se celebraron sendas audiencias donde se trató el tema migratorio y los problemas con la retención de las actas de nacimiento de miles de dominicanos de ascendencia haitiana.



Las relaciones dominico-haitianas han sido tensas y complejas, desde los albores mismos de nuestra nación y muchas veces los que las observan y analizan de lejos, pierden de vista o no toman en cuenta detalles que solo ambos pueblos somos capaces de aprehender y que conocemos o hemos vivido.

El tema no es sencillo, porque tiene muchas aristas.

Sin embargo, lo que es innegable es que los emigrantes haitianos han sido y son funcionales a la economía dominicana. Sin su aporte, la economía dominicana no sería lo que es hoy, una de las más pujantes del continente latinoamericano. Y no sólo la economía agrícola, el sector de la construcción o el turismo, sino, incluso, la economía familiar, pues muchos haitianos prestan servicios a una infinidad de hogares dominicanos.

República Dominicana ha sido, tierra de promisión, pero también tierra de maltratos, abusos y discriminación contra nuestros vecinos, como nuestros compatriotas son, del mismo modo, discriminados y maltratados en otras naciones.
Y por ello, hemos pagado un precio en los foros internacionales.

A mi modo de ver, la “solución” que constitucional y legalmente se ha dado al problema de la nacionalidad de los hijos de emigrantes haitianos nacidos en el país, no es una salida inteligente, porque genera graves problemas de Derechos Humanos en perjuicio de miles de personas cuyo único “delito” es haber nacido en el país y que sus padres no tuvieran un status regular. Tierra de emigrantes como es la nuestra, lo que se espera es que tengamos una visión más amplia de este tema.

La permanencia por décadas en el país de comunidades haitianas y la situación de su descendencia no puede resolverse, de golpe y porrazo, con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ni por un decreto, reglamento o resolución.

La clase política dominicana tiene que sentarse a buscar soluciones a cada uno de los aspectos de este problema tan complejo, y no escudarse en un texto constitucional que deliberadamente fue redactado para bloquear cualquier salida razonable a este tema.

No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda de un problema tan complejo, para luego asumir posiciones marcadas por un nacionalismo a ultranza. No es que no defendamos los intereses nacionales, sino que los defendamos diariamente, cada día, en el momento final en lo que está en juego es el derecho a la nacionalidad de una persona que ha nacido y crecido en el país, sin importar la nacionalidad o el status migratorio de sus padres.

Pienso que, como ha acontecido en otras naciones, incluyendo los Estados Unidos, debemos buscar soluciones que apunten a la regularización del status de emigrantes haitianos que viven desde hace décadas en el país y que han echado raíces en esta tierra. Y, sobre todo, de los dominicanos de ascendencia haitiana que tienen aspiración y derecho a ser considerados hijos de esta tierra.

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