miércoles, 28 de septiembre de 2011

Un aspecto a modificar del Código Procesal Penal


Ricardo Rojas León

Uno de los aspectos que debe ser tenido en cuenta en la reforma que se le va a introducir al Código Procesal Penal es el relativo al sistema de recursos contra la sentencia.

Los dominicanos adaptamos al país el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que es un sistema de única instancia, en contraste con el sistema de doble grado de jurisdicción que tradicionalmente tuvimos en la República Dominicana.
El CPP dominicano, como la casi totalidad de sus similares del continente, prevé un recurso contra la sentencia condenatoria que no permite la revisión de los hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones se imponen en nuestro país, ha considerado que si el recurso no permite una revisión integral de la sentencia es violatorio del artículo 8.2.h, del Pacto de San José.
La supuesta “apelación” prevista en el CPP solo permite el examen de los errores de actividad o de juicio (in procedendo e in judicando), pero no los errores de hecho que los jueces cometen en la determinación de los hechos. Eso ocasiona que, cuando las Cortes de Apelación consideran que la sentencia contiene un error procesal anula la decisión (la casa, en realidad), ordenando un nuevo juicio por otro juez o tribunal. ¿Por qué las cortes no revisan los hechos? Sencillamente, porque el sistema procesal que hemos adoptado parte del principio de intangibilidad de los hechos probados.
Se dice que los jueces superiores no pueden revisar los hechos, porque violarían el principio de inmediación, concepto que se encuentra en crisis desde hace más de una década.
Casi tres meses antes de que el CPP entrara en vigencia en el país, en 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que Costa Rica, que tenía un recurso contra la sentencia similar al que todavía tenemos los dominicanos, debía modificarlo para permitir la revisión de los hechos y la pena imponible. Los ticos aprobaron en 2005 la “Ley de Apertura de la Casación”, y en 2010 la ley que crea los Tribunales de Apelación y el recurso de apelación.
En Argentina, a partir del mismo 2004, con los fallos “López” y “Casal”, y luego con “Romero Cacharane” y “Martínez Areco”, comenzaron a revisarse los hechos asestándose un duro golpe al modelo de recurso contra la sentencia inspirado en la casación francesa, al que no le ha importado nunca la justicia del caso, sino simple y llanamente la “correcta aplicación de la ley”, y que todavía en esta nación seguimos idolatrando.

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