martes, 28 de junio de 2011

Derechos sociales y crecimiento económico



Ricardo Rojas León

Uno de los temas más debatidos en el constitucionalismo moderno es el que guarda relación con la efectividad y exigibilidad de los derechos sociales fundamentales.

La doctrina, como se sabe, se encuentra dividida, entre quienes plantean que los únicos derechos fundamentales que son justiciables son los derechos civiles y políticos, y los llamados derechos de libertad, y otros que consideran, del mismo modo, la efectividad y satisfacción de los derechos sociales y económicos que recogen las constituciones de la segunda postguerra pueden ser reclamados al Estado.

El principal argumento de los que le niegan la condición de “derecho subjetivo” a los derechos sociales fundamentales o constitucionales, es que, al ser derechos de prestación, suponen un gasto por parte del Estado.

Existe jurisprudencia constitucional alemana, italiana, colombiana y de otras naciones, que permite sustentar la tesis de la exigibilidad de los derechos sociales reconocidos, partiendo no sólo de su reconocimiento como “derechos subjetivos”, ni del “principio de indivisibilidad” de los derechos fundamentales, sino del hecho de que la efectividad y concreción de los derechos sociales y económicos es la pre-condición material para el pleno ejercicio de los derechos de libertad y de participación.

¿De qué disfrute pleno de las libertades políticas podemos hablar en una nación donde la mayoría de la población no disfruta de acceso al empleo, a la salud y a la educación?

La Constitución Dominicana de 2010 ha ampliado el catálogo de derechos fundamentales, incluyendo dentro de ellos un núcleo importante de derechos sociales, económicos, culturales y colectivos, cuya satisfacción relativa sólo será posible en la medida en que la economía del país crezca durante un largo período a tasas aceptables y se generen los recursos fiscales que permitan dar respuestas a esos derechos de naturaleza prestacional de los que todos los dominicanos son titulares.

Sólo así se generaran los empleos que demanda la población y el Estado podrá percibir los recursos necesarios para financiar la inversión en educación, salud y en los planes sociales que ayudan a mitigar la pobreza y la marginalidad.

Por eso, es necesario que la clase política dominicana y todos los sectores productivos del país se comprometan con la preservación y el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica que esta nación recuperó hace siete años, sin la cual es impensable la implementación de políticas económicas que permitan hacer realidad los derechos sociales que consagra la Constitución.


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El autor es abogado

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