jueves, 30 de junio de 2011

Derecho a la Educación e iniciativa privada





Ricardo Rojas León

La Constitución dominicana de 2010 ha consagrado el Derecho a la Educación como un derecho social fundamental, del que somos titulares todas las personas que residimos en el país.

Pero, como puede advertirse fácilmente, el artículo 63 de la Constitución, que lo consagra, establece un catálogo de derechos y libertades relacionadas con el ámbito educativo, así como mandatos de política educativa que imponen al Estado y al sector privado.

Desde el derecho a una educación integral, la libertad de enseñanza, la carrera docente, la gratuidad de la educación pública, hasta la obligación estatal de erradicar el analfabetismo, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, pasando por otros derechos y libertades, han sido recogidos en uno de los artículos más extensos de la Carta Magna dominicana.

Al igual que la Constitución anterior, la actual consagra el derecho de los padres a escoger la educación de los hijos y, además, el Estado “… garantiza la libertad de enseñanza y reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación…” (Art. 63.12)

“La libertad de enseñanza ofrece otra posibilidad educativa distinta a la pública, y permite a los padres elegir entre ambas”, sostiene DIAZ REVORIO. Pero esas dos libertades fundamentales se relacionan y me atrevería a decir que hasta dependen de la posibilidad de que las personas ejerzan su derecho a fundar escuelas y colegios privados.

Dicho de otro modo: si no existe la educación privada, no es posible ejercer la libertad de enseñanza y se torna inefectivo el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.

Todo este discurrir se justifica por la necesidad de que todos los dominicanos estemos conscientes de que, así como toda persona tiene el derecho a una educación de calidad, y que ese derecho está reconocido en la Constitución, también debemos entender que solo la iniciativa privada, es decir, la existencia de colegios y universidades privadas es lo que le permite a los padres, así como a los adultos, ejercer su derecho a escoger el tipo de educación que prefieren para sus hijos o para sí.

Si en la República Dominicana no existiesen colegios y universidades privadas, el nivel educativo nacional estuviera muy por debajo del que hoy podemos exhibir. El sector privado ha sido el principal aliado de la educación dominicana. Y no es exagerado afirmar que los colegios y universidades privadas ofrecen una educación de mucho más calidad que la que dispensan las escuelas y la universidad pública.

Así, en el debate actual sobre los aumentos de las tarifas de los colegios privados, debe tenerse en cuenta que éstos realizan una labor educativa de un elevado impacto social. Y que el Estado debe ser muy cuidadoso cuando pretende regular las tarifas de esos colegios.

Si en República Dominicana la educación privada se ha expandido tanto es porque, lamentablemente, la oferta educativa pública no satisface las expectativas de muchos padres, a pesar de las grandes inversiones y los esfuerzos realizados por todos los gobiernos que el país ha tenido, en especial el del presidente Leonel Fernández, por estimular la educación y la enseñanza a todos los niveles.

Creo que, probablemente, los colegios privados no tienen ahora buena prensa. Quizás no han debido anunciar tan crudamente el “paquetazo educativo” que implica el aumento de la tarifa, el cobro por adelantado, el reporte a los bancos de datos crediticios de los padres morosos y su sometimiento a la justicia.

Los colegios privados siempre han tenido planes de pago por adelantado y muchos padres aprovechan los descuentos que se ofrecen por los pagos de la totalidad de las matriculas o por la cantidad de hijos inscritos, que en algunos casos han incluido hasta la gratuidad de un cupo. Y no es razonable pretender que mientras los costos de los colegios privados suben, y en ocasiones se disparan, el costo de la matricula se mantenga inalterable, lo que se traduciría inmediatamente en una baja de la calidad del servicio educativo que ofrecen.

Del mismo modo, los padres siempre tendrán el derecho a escoger para sus hijos colegios diferentes a aquellos en los que estudian sus hijos. E incluso, inscribirlos en escuelas públicas que cada día se empeñan en mejorar su oferta educativa.

Lo que el Estado no puede hacer es pretender regular, contra los costos y contra el mercado, las tarifas que cobran los colegios privados, porque ello, sencillamente, implicaría un duro revés para la educación dominicana, además de una pretensión de dudosa constitucionalidad.

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