lunes, 16 de mayo de 2011

Seguridad ciudadana vs. Garantías procesales




La gente clama por medidas fuertes en contra de una criminalidad que luce desbordada.

Por Ricardo Rojas León


Al celebrarse, la semana pasada, el primer aniversario del Instituto Dominicano de Derecho Procesal (IDDP), el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo que uno de los retos que tiene el poder judicial dominicano es conciliar la demanda de una mayor seguridad ciudadana frente a la necesidad de preservar las garantías procesales.
El auge aparente de la delincuencia y el mayor número de medios de información, incluyendo las redes sociales, han contribuido a generar la percepción, en amplios segmentos de la población de que la criminalidad continúa en aumento.
Las explicaciones, basadas en estadísticas sobre la composición y etiología de los delitos, no han bastado para convencer a algunos sectores de opinión de que la lucha contra el crimen ha dejado frutos ostensibles. Y que, contrario a lo que algunos sostienen, las causas de la delincuencia no hay que buscarlas en la normativa procesal penal, sino en factores sociales y económicos.
El dilema que plantea Subero Isa y que plantea el reto de aumentar la seguridad ciudadana sin disminuir las garantías procesales a favor de los ciudadanos, es un camino por el que han transitado algunas naciones del continente y de otras latitudes.
Como el propio presidente de la SCJ ha señalado los esquemas neo-punitivistas, tipo “tolerancia cero”, no han resuelto el problema de la criminalidad.
En el caso dominicano, las demandas de flexibilización de las garantías procesales contra las personas sometidas a persecución penal, chocan con el fortalecimiento de esas garantías que ha implicado la promulgación de la Constitución de 2010.
Al parecer, la violencia intrafamiliar y el narcotráfico parecen ser las dos fuentes principales de muertes violentas y de atentados contra la integridad física de las personas. La primera es un reflejo de la desintegración que padecen muchos hogares dominicanos y de los niveles de violencia social del país. Y el segundo, la cosecha de años de indiferencia ante el auge del consumo y tráfico de estupefacientes.
El gobierno del presidente Leonel Fernández ha realizado ingentes esfuerzos por controlar el auge de la delincuencia, operando, incluso, sobre los factores socio-económicos que pudieran explicar algunos delitos. Cabe mencionar en esto último, no sólo la implementación del programa “Barrio Seguro”, sino también el Programa Solidaridad.
Así, aunque está pendiente una modificación del CPP, ésta no puede asumirse como orientada a reducir las garantías que ha fortalecido la Constitución, sino a crear mecanismos que, sin violentar el contenido esencial de aquellas, permitan una lucha más eficaz contra el delito.

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