miércoles, 13 de abril de 2011

Propuesta de ampliación del recurso de apelación contra la sentencia

Texto de la carta que remití en la víspera a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, en ocasión de las vistas públicas para conocer las observaciones ciudadanas al proyecto de modificación del Código Procesal Penal.

Honorables Señores Diputados:


Muy cortésmente, me permito agradecer a los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la oportunidad que nos brindaron de participar en las vistas públicas, celebradas el lunes 11 de abril de 2011; para discutir el proyecto de reforma del Código Procesal Penal (CPP), sometido por el diputado Víctor Suárez Díaz, de la provincia de Santiago de los Caballeros.

Respecto de la indicada iniciativa, nos hemos permitido sugerir a esa Comisión Permanente de Justicia ponderar la necesidad de restablecer, en su justa dimensión, el recurso de apelación contra la sentencia, pues el recurso contemplado por los artículos que van del 416 al 424 de la normativa procesal penal vigente en la República Dominicana no es un recurso de apelación, porque no permite la revisión de los hechos sobre los cuales se basa la sentencia; siendo, desde el punto de vista de la dogmática procesal, un recurso de casación puro y simple, pues únicamente permite la revisión de los aspectos formales, procesales y legales de la decisión impugnada.

No importa el “nomen juris” que tenga un recurso, si no permite la revisión integral de la sentencia, o sea, de los hechos y del derecho, no es un recurso de apelación.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, del 2 de julio del 2004, consideró que para que un medio de impugnación satisfaga el derecho al recurso consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ese recurso tiene que permitir la revisión de los hechos y del derecho. La razón es sencilla: los jueces, como humanos, cometen errores tanto en la apreciación de los hechos, como en la aplicación del Derecho.

Por aplicación de la sentencia “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” , la República de Costa Rica aprobó en el año 2005 la llamada “Ley de Apertura de la Casación”, que permitió ampliar ese recurso para conocer de los hechos y de las pruebas, pero, finalmente, el 9 de junio de 2010, los costarricenses crearon, mediante la Ley No. 8837, los Tribunales de Apelación, así como un recurso de apelación amplio.

Del mismo modo, desde el año 2005, en la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia, mediante el trascendente “Fallo Casal” y otros fallos no menos importantes (Martinez Areco y Romero Cacharane) ha establecido, de manera jurisprudencial, que el recurso contra la sentencia –que allá se denomina casación- debe permitir una “revisión integral de la sentencia impugnada”.

En ese tenor, y tomando en cuenta que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de aplicación “directa e inmediata” en la República Dominicana, al tenor con lo establecido por la Constitución dominicana de 2010 y el artículo 1 del Código Procesal Penal, y de que siendo el denominado “recurso de apelación” un medio de impugnación que, al tenor de la indicada sentencia de la Corte IDH, no satisface el derecho al recurso consagrado en los convenios internacionales de Derechos Humanos, nos permitimos sugerir a esa honorable Comisión de Justicia modificar los artículos 417 y 422 del CPP, para restablecer el carácter amplio e integral del recurso de apelación en el proceso penal dominicano.



En cuanto al artículo 417 del CPP, que establece los motivos por los cuales una sentencia de un Tribunal Colegiado puede ser apelada, nos permitimos sugerirle a esa Honorable Comisión incluir dos motivos adicionales de apelación (resaltados en negritas), los cuales se transcriben a continuación:


Art. 417.- Motivos. El recurso sólo puede fundarse en: 1) La violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio; 2) La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral; 3) El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión; 4) La violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; 5) Errónea valoración o incorporación de la prueba o por errónea determinación de los hechos; 6) Error en la fijación de la pena.



Al devolverse a las Corte de Apelación la potestad de revisar los hechos, las pruebas o la fijación de la pena, como ha considerado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), carecería de sentido que, cuando una Corte de Apelación decida anular una decisión de un Tribunal Colegiado que ha sido recurrida, el caso vuelva a primer grado para realizar un nuevo juicio.



Es importante recordar en este punto, que en el actual sistema procesal, el juicio de apelación es “un juicio a la sentencia” y no un nuevo juicio o una repetición del juicio. En las Cortes de Apelación quien se sienta en el banquillo de los acusados no son los imputados, sino la sentencia. Por eso es que la apelación tiene que ser amplia, incluir la revisión de los errores de hecho y los errores de derecho, sean estos últimos de juicio o de procedimiento. Entendemos que las Cortes de Apelación, con potestad para revisar las pruebas y la construcción de los hechos o la pena, debe tomar una decisión propia, en base a las comprobaciones que realice, sin devolver el caso al primer grado.



En ese sentido, proponemos que se modifique el artículo 422 del CPP para que se elimine el reenvío al primer grado para un nuevo juicio, y las Cortes puedan dictar sentencia, confirmando la anterior o tomando una decisión propia, que puede ser de descargo o condena. Esto nos remite a la necesidad de modificar la redacción del art. 422 del CPP, para lo cual nos permitimos, muy respetuosamente, sugerir a esa Honorable Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la siguiente redacción:


Art. 422.- Decisión. Al decidir, la Corte de Apelación puede: 1.- Rechazar el recurso, en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada; o 2.- Dictar directamente la sentencia del caso, pudiendo ser de absolución o condena. Cuando resulte la absolución o la extinción de la pena, la Corte ordenará la libertad del imputado si está preso.



Honorables señores legisladores, a nuestro modo de ver, la modificación del Código Procesal Penal que se discute debe incluir la ampliación de los motivos de apelación contemplados en la normativa procesal penal vigente, para que el recurso habilitado por el legislador contra la sentencia de los juicios pueda satisfacer el derecho al recurso consagrado en el art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el literal “h” del art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH o Pacto de San José), los cuales, al haber sido ratificados por el Honorable Congreso Nacional, al tenor con lo que establece el artículo 74.3 de la Constitución, “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.



Lo que estamos proponiendo es que, como hicieron los legisladores de Costa Rica, se modifique la normativa procesal penal, para devolverle a la apelación su característica de medio de impugnación que permite al revisión de los hechos y del derecho establecidos en la sentencia atacada, a fin de hacer innecesaria que, como en la República Argentina, esa ampliación del ámbito de la revisión de la sentencia se produzca por decisión de los propios tribunales.


Las partes envueltas en un proceso penal (Ministerio Público, imputados, victimas y actores civiles, etc.) deben tener derecho a que, mediante el recurso de apelación contra la sentencia, se puedan corregir los errores que contenga la misma, ya sean estos relativos a la incorporación y valoración de las pruebas, a la determinación de los hechos, a la fijación de la pena, así como a los aspectos formales y procesal previstos en el Código Procesal Penal. Mantenerlo en su limitada configuración actual implicaría irrespetar el derecho al recurso, una garantía constitucional imprescindible para que resulte efectivo el debido proceso de ley.


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