jueves, 28 de abril de 2011

Las asociaciones de jueces






Ricardo Rojas León


Recientemente, casi una veintena de jueces decidieron constituir la asociación “Jueces Dominicanos para la Democracia”, una entidad profesional integrada por magistrados de varios niveles y regiones del país.
De inmediato, se reveló la existencia de la “Red Nacional de Jueces”. Luego, cerca de 200 jueces y juezas de los once departamentos judiciales del país, se constituyeron en comité gestor para crear la “Asociación Dominicana de Jueces y Juezas”.
Todas esas organizaciones se proponen contribuir a fortalecer el principio de independencia de los jueces dominicanos, clave en todo Estado de Derecho, así como a velar por el cumplimiento de la ley que regula la carrera judicial y la defensa de los derechos de sus integrantes. Hasta estas manifestaciones, República Dominicana compartía con Haití y Cuba el dudoso honor de no contar con entidades profesionales de jueces, lo cual desdecía mucho de una nación en la que se respira un clima de respeto de las libertades ciudadanas, entre ellas el derecho a asociarse con fines pacíficos.
La necesidad de propiciar una o varias entidades que agrupen a los jueces era una vieja y legítima aspiración de muchos magistrados, conscientes de la importancia de aunar esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes y para la defensa de los derechos e intereses propios de los que realizan la transcendente labor de juzgar.
Que los jueces se asocien debe ser visto como el simple ejercicio de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 47 de la Constitución dominicana, cuando establece que “Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”.
Y ese derecho a la asociación, reconocido en todos los países del mundo, salvo en regímenes totalitarios o dictatoriales, es una de las prerrogativas que permiten el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, como el de reunión (art. 48) y el mismo derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 43).
Habiéndose proclamado una Constitución que reconoce que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son propios (art. 38), debemos apoyar esa iniciativa asociacionista de jueces y juezas dominicanas, que contribuirá a generar una mayor conciencia y praxis democrática entre personas que cumplen la socialmente trascendente tarea de aplicar justicia. Enhorabuena.

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