martes, 1 de febrero de 2011

Naturaleza y alcance del Tribunal Constitucional

Cristóbal Rodríguez Tejada
Articulista invitado


Durante el proceso de reforma de nuestra carta magna que culminó con la proclamación de una nueva constitución el 26 de enero del 2010, el tema relacionado con la justicia constitucional fue objeto de serias e interesantes discusiones, las cuales giraron en torno a tres modelos posibles de control de la constitucionalidad de las leyes, a saber: 1) concentrado por parte de la Suprema Corte de Justicia y, difuso, por las jurisdicciones ordinarias; 2) La creación de una Sala dentro de la Suprema Corte con competencia exclusiva para conocer de la constitucionalidad de las normas; y 3) La creación de un Tribunal Constitucional independiente facultado para conocer por vía principal la constitucionalidad de las normas y el control difuso de las mismas por las jurisdicciones ordinarias.

Dentro de estos tres sistemas de control de la constitucionalidad, nuestro legislador constitucional optó por la creación de un Tribunal Constitucional, así lo establece el artículo 184 del texto constitucional vigente. Tal y como se puede establecer por la lectura combinada del texto legal antes citado y del artículo 277, solamente fueron excluidas para ser objeto de una impugnación por ante este órgano las sentencias que hasta la fecha de la promulgación de la constitución, es decir, 26 de enero del 2010, habían adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, habilitando el texto constitucional al legislador ordinario para regular el control de la constitucionalidad de las sentencias que adquiriesen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la fecha antes indicada.

No obstante la claridad de los textos antes citados, el Senado de la República cuando conoció el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales, excluyó del análisis constitucional a todas las sentencias sin establecer la distinción que ya el legislador constitucional había consignado en el artículo 277, con lo cual dejaba un poder público, -el judicial- exento de control. Esta situación ha provocado una discusión planteada entre quienes entienden que las sentencias no deben sustraerse al control de la constitucionalidad y los que consideran que las mismas no deben pasar por el tamiz de la constitucionalidad.

Es oportuno señalar que el modelo de Tribunal Constitucional como está formulado en nuestra Constitución, tiene dos características fundamentales, a saber: 1) No es una jurisdicción sino un órgano independiente de naturaleza política; y 2) A su control están sujetos todos los poderes públicos. Sobre el primer aspecto el Decano Geny hace la advertencia siguiente: "Un organismo que tenga el poder de anular las leyes erga omnes no es una jurisdicción, sino un órgano político, un cuerpo de control y equilibrio político, aunque se le coloree de una apariencia de jurisdicción" (Geny, p. 106). Asimismo el Profesor Vezio Crisafulli al referirse a la naturaleza de una jurisdicción única en la que esté concentrada la justicia constitucional, como lo es el Tribunal Constitucional Italiano, advierte lo siguiente: "Una jurisdicción fuera del aparato jurisdiccional no sólo no se incluye en el orden judicial, sino que ni siquiera pertenece a la organización jurisdiccional en el sentido más amplio del término (...) El Tribunal Constitucional se mantiene ajeno a los poderes estatales conocido tradicionalmente. Forma un poder independiente cuyo papel consiste en asegurar el respeto de la constitución en todos los ámbitos" (Crisafulli, pág. 34).

Sobre el segundo aspecto, el alcance del Tribunal Constitucional, es necesario señalar que nuestro legislador constitucional ha sido coherente y consistente al establecer que en el ámbito de la competencia de este están incluidas las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, pues una concepción correcta del estado de derecho comporta una sujeción a la ley de todos los poderes, esta es una premisa pacíficamente compartida tanto en el ámbito de la doctrina como de la jurisprudencia constitucional; en este sentido uno de los precedentes más emblemáticos que existe en la Europa continental sobre el tema lo constituye el llamado caso Lüth, el cual según el Magistrado Dieter Grimm, quien desde 1987 hasta 1999 fuera juez de la Primera Sala -llamada de los derechos fundamentales- del Tribunal Constitucional Alemán: "Ninguna sentencia ha engrandecido la protección jurídico fundamental como el caso Lüth".

Dado los efectos esclarecedores que tiene para la actual polémica sobre la facultad del Tribunal Constitucional de revisar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, resulta imperativo hacer una breve referencia a las circunstancias que sirvieron de precedente a la trascendental sentencia del hoy conocido caso Lüth.

En el año de 1950 el famoso actor y director cinematográfico alemán Veit Harlan, uno de los directores principales de la propaganda Nazi, estrenó la película titulada en alemán Unsterbliche Geliebte, en contra de la cual el político de Hamburgo Erich Lüth inició un boicot alegando que por su actividad durante el Tercer Reich, Harlan se había descalificado para siempre, debido a estas declaraciones la compañía distribuidora del film, por considerar el llamamiento a boicot como contrario a las buenas costumbres con lo cual se violaba el artículo 826 del Código Civil Alemán, demandó a Lüth resultando éste condenado.

Lüth apoderó de su caso al Tribunal Constitucional en contra de la decisión del tribunal ordinario por entender que en dicha sentencia se le violaba la libertad de expresión, generándose en aquel país una cuestión procesal importante en razón de que era la primera vez que se interponía un recurso de inconstitucionalidad en contra de una decisión judicial firme, situación ésta que no estaba claramente establecida por el artículo 90 de la ley que regulaba las atribuciones del Tribunal Constitucional; el tribunal acogió el recurso atribuyéndole la vulneración al derecho fundamental a la sentencia judicial que condenó a Lüth, dándose inicio con esta decisión a la denominada tesis de la "imputación judicial" de la vulneración, de gran vigencia en nuestros días, con algunos matices, en la práctica del Tribunal Constitucional Alemán y Español, conforme a la cual la exigencia de los derechos fundamentales no sólo vinculan al legislador sino que informan también la interpretación y aplicación de las leyes.

En mérito a todo lo anterior resulta que independientemente de que nuestra constitución no hubiese previsto, como lo hace en su artículo 277, el recurso de inconstitucionalidad en contra de las sentencias firmes, al igual que en el caso alemán, el Tribunal Constitucional estaría habilitado, por aplicación de la tesis de la imputación judicial, para conocer el mismo, pues de conformidad con esta tesis la violación a los derechos fundamentales no es imputable al particular, ni tiene origen inter privatos, sino que la ocasiona el juez cuando al aplicar el derecho ordinario para decidir un conflicto particulares, lesiona los derechos fundamentales.


(Tomado de Diario Libre, edición digital, 1ro. de febrero, 2011)

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