jueves, 3 de febrero de 2011

La edad de los jueces del TC

Cristóbal Rodríguez Tejada
Articulista invitado

El 8 de noviembre de 2010, mediante comunicación número 11309, el presidente Leonel Fernández remitió al Senado el Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, en uso de las atribuciones que, en materia de iniciativa legislativa, le reconoce la constitución. Una de las modificaciones más controvertidas, de cuantas introdujo la Cámara Alta al proyecto del Ejecutivo, es la relativa a la edad para integrar el Tribunal Constitucional.

Efectivamente, el artículo 9 del proyecto remitido desde la presidencia contiene los requisitos para ser juez del Tribunal Constitucional, disponiendo su numeral 4 que entre los mencionados requisitos se encuentra el de "ser mayor de treinta y cinco años y menor de setenta y cinco años de edad." Esta disposición fue eliminada del Proyecto de Ley en lo relativo al máximo de 75 años bajo el argumento de que, en el texto del artículo 153 de la constitución, que establece las condiciones para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, no se establece el límite de edad mencionado. Dicho texto constitucional dispone que "para ser juez o jueza de la Suprema Corte de Justicia se requiere: 1) Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de treinta y cinco años de edad; 2) Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3) Ser licenciado o doctor en Derecho; 4) Haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos períodos podrán acumularse."

Sin embargo, quienes así razonan olvidan que el numeral 2 del artículo 151 constitucional dispone que: "La edad de retiro obligatoria para los jueces de la Suprema Corte de Justicia es de setenta y cinco años. Para los demás jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial se establecerá de acuerdo con la ley que rige la materia." Esta disposición no deja el más mínimo resquicio a la interpretación: tener menos de 75 años es condición necesaria para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que llegada esa edad los jueces de dicho tribunal deben entrar, -obligatoriamente- en retiro.

Le hermenéutica constitucional está gobernada por principios que hoy están fuera de toda discusión en la teoría y la praxis del constitucionalismo comparado. En tal sentido, los principios de unidad e integridad interpretativa, orientados por la premisa de que la constitución debe ser entendida como un todo, desde una perspectiva coherente y armónica determinada por la interconexión de sentido entre todas sus disposiciones, impide una lectura fragmentada de la Ley Fundamental. Así las cosas, el sentido pleno del artículo 153 sólo se puede extraer de su lectura conjunta con el texto del artículo 151.2 antes citado, y con lo dispuesto por el artículo 187 constitucional según el cual "Para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia."

La cuestión es simple y se reconduce a lo siguiente: si para ser juez de la Corte Suprema es una condición necesaria tener menos de 75 años, tal y como prescribe el artículo 151.2; y para ser juez del TC constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Corte Suprema, entonces todo aquel que haya rebasado el umbral de los 75 años de edad tiene un impedimento constitucional para ser designado como integrante del máximo intérprete del significado de la constitución.

Para ilustrar el sesgo que representa el intento de lectura de la constitución por artículos aislados, analicemos la siguiente situación: el Título II de la constitución, cuyas disposiciones empiezan en el artículo 37 y terminan en el 75 está dedicado íntegramente a los derechos y deberes fundamentales y sus garantías. Sin embargo, un tipo específico de derechos fundamentales, -los derechos políticos y de ciudadanía- están establecidos y regulados sus límites en los artículos 21 al 24 constitucional. ¿A alguien en su sano juicio se le ocurre pensar que el derecho de elegir y de ser elegido, el derecho de petición o el de participar y decidir en los procedimientos de referendo pierden su categoría de derechos fundamentales por el hecho de que no están establecidos en el Título II que la constitución expresamente ha consagrado a los derechos y deberes fundamentales? Por supuesto que no. La sola pretensión de circunscribir los derechos fundamentales a las cláusulas enmarcadas en el Título II de la constitución sería un ejercicio de miopía rayano en el absurdo, pues sin los derechos políticos y de ciudadanía el sistema de derechos sencillamente estaría mutilado.

Lo mismo ocurre en el caso que nos ocupa con el artículo 153: poco importa que dicho texto, en el establecimiento de las condiciones para ser juez de la Corte Suprema, no haya incorporado expresamente el límite de los 75 años de edad. Este límite está previsto como condición en el artículo 151.2 como ya se ha dicho; y la exigencia de coherencia en el texto constitucional y en el sentido de sus disposiciones, obligan a una lectura conjunta de dichos textos y del artículo 187.

Cabe una cuestión adicional sobre este tema. ¿Existe alguna razón válida que justifique que a una persona se le impida desempeñarse como juez supremo por el hecho de tener 75 años y que dicho impedimento no aplique para el caso del Tribunal Constitucional? "Los jueces supremos son jueces de carrera y los del Constitucional se designan por un período único de nueve años", sé que intentarán responder algunos." Les recuerdo que la razón de limitar a 75 años la edad para ser juez de la Corte Suprema no tiene que ver con un límite al tiempo durante el cual un magistrado se haya dedicado al ejercicio de la noble labor jurisdiccional. Tiene que ver con una consideración sobre la perspectiva natural de declive de ciertas facultades biológicas en que la edad coloca inexorablemente a todo ser humano.

Comprendo las razones de quienes entienden que este límite, basado en la apuntada premisa, es discriminatorio. Es una cuestión sobre la que personas razonables pueden discrepar con argumentos más o menos sólidos. Lo que no admite discrepancia es que, más allá de nuestra posición sobre el indicado punto, el constituyente ha establecido como condición tener menos de 75 años paras ser juez de la Corte Suprema y, consecuentemente, ha exigido para los magistrados del Constitucional las mismas condiciones que para los de la Corte Suprema. Si el constituyente consideró que una vez cumplida cierta edad, ciertas facultades necesarias para el adecuado desempeño de la función jurisdiccional empiezan a declinar, ello es así tanto en el caso de los jueces supremos, como en el caso de los jueces del Constitucional.


(Tomado de el Diario Libre, 3 de febrero de 2010)

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