miércoles, 9 de febrero de 2011

Edad, ilegitimidad y constitución.


Milton Ray Guevara


En el mundo especializado del derecho constitucional es verdad sabida que la constitución “actúa como elemento legitimador de un régimen político. Es una fachada de respetabilidad.

Sirve de tarjeta de presentación de un sistema constitucional y presuntamente democrático”. Para el eminente catedrático de la Universidad San Pablo-Ceu, Madrid, José Peña González, ello se explica por la función legitimadora de la constitución, a lo que debe sumarse su función transformadora ya que “Una constitución es el reglamento del juego político de las generaciones que la alumbraron, pero al mismo tiempo es una vía abierta al futuro”. En otras palabras, la constitución debe ser el motor de la transformación económica, social e institucional de un país.

El primer decano de la facultad de derecho de Niza, Louis Trotabas, sentenciaba: “Gobernar, es determinar soberanamente los objetivos del estado –políticos, económicos, sociales– y dirigir al Estado hacia la realización de estos objetivos”. La Constitución cumpleañera del 26 de enero de 2010, no fue redactada para ser violada y menos desde sus inicios, todo lo contrario, la ilusión que despertó la denominada revolución democrática, se fundamentó en una nueva visión de la Constitución sintetizada en el principio de la supremacía constitucional.

En nuestros países el inmediatismo, el rentismo, la recompensa a favores políticos o judiciales, la ausencia de cultura de respeto a la constitución y la soberbia personal, conspiran contra la observancia más escrupulosa de los principios y valores constitucionales.

Hemos tenido, recientemente, dos tentativas, hasta ahora fallidas, de irrespetar la letra y el espíritu de la Constitución republicana. La primera se refiere a la presión ejercida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia para evitar que el legislador cumpla el mandato del artículo 277 de la Constitución, relativo a la facultad de revisión de sentencias que hayan adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada consagrada a favor del Tribunal Constitucional.

En el evento de la Fundación Global y Desarrollo, de manera abrumadora, se impuso la tesis, cónsona con la esencia de la justicia constitucional, de que no se le puede sustraer al TC esa competencia, singularmente importante en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales. La comisión de juristas asesora de la Cámara de Diputados deberá traducir el consenso imperante sin apartarse del mandato constitucional.

La segunda tiene que ver con la edad exigida para ser juez del Tribunal Constitucional.

La Constitución es clara. Si un juez es considerado en la Suprema Corte de Justicia como viejo y jubilable a los setenticinco años, ese mismo juez no puede ser considerado joven para el Tribunal Constitucional. El artículo 187 de la Constitución establece: “Para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia”.

El doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, uno de los más brillantes jóvenes constitucionalistas, al referirse al tema expresa: “La cuestión es simple y se reconduce a lo siguiente: si para ser juez de la Corte Suprema es una condición necesaria tener menos de 75 años, tal y como prescribe el artículo 151.2; y para ser juez del TC se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Corte Suprema, entonces todo aquel que haya rebasado el umbral de los 75 años de edad tiene un impedimento constitucional para ser designado como integrante del máximo intérprete del significado de la constitución”.

Por ello el artículo 9 del proyecto del Presidente Leonel Fernández, en su numeral 4to., mencionaba como requisito para ser juez del Tribunal Constitucional “ser mayor de treinta y cinco y menor de setenta y cinco años de edad”. Si el Consejo de la Magistratura viola este principio, la ilegitimidad afectará todos los actos del Constitucional.



(Tomado del Listin Diario)

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