martes, 18 de enero de 2011

Las declaraciones patrimoniales


Cientos de oficiales superiores de los diferentes cuerpos armados y de la Policía Nacional han presentado, sin obligación legal o reglamentaria y en un plazo mucho menor al establecido en la norma sobre la materia, las declaraciones juradas de sus patrimonios.

Se trata de una manifestación de respaldo institucional al anuncio hecho por el presidente Leonel Fernández, en torno al propósito de su gobierno de continuar adecentando unas fuerzas armadas y policía penetradas por el narcotráfico.

Las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos han sido consideradas como herramientas importantes para la prevención del enriquecimiento ilícito y los conflictos de intereses. Y constituyen un elemento necesario para lograr mayores niveles de transparencia en la gestión pública.

Existen diferentes sistemas o regímenes sobre declaraciones juradas de patrimonios de los servidores públicos, pero todos se centran en el concepto de “cambio significativo” en el patrimonio.   Hay países donde el sistema obliga a que se declaren los activos y pasivos que exceden los mil dólares.  Otros sistemas obligan a los funcionarios a ofrecer detalles de sus bienes y no simples valores agregados.

Aunque la  mayoría de los sistemas de declaración patrimonial se centran en que los funcionarios declaren sus bienes, muchas veces se descuida verificar lo declarado. Y, sobre todo,  monitorear la evolución de la situación patrimonial del  declarante.
 
Uno de los talones de Aquiles de los sistemas de declaraciones juradas es que su  incumplimiento muy a menudo no conlleva sanciones penales, sino simplemente administrativas. Debe existir una "amenaza creíble" de sanción para que los funcionarios cumplan con su deber de declarar y de actualizar sus declaraciones.
 
Ahora bien, para que un sistema de declaraciones juradas funcione en forma adecuada es necesario que exista un marco normativo adecuado, que la sociedad civil este pendiente y que sea activa, que se puedan verificar la veracidad de las declaraciones juradas, que se impongan sanciones ejemplares y que el órgano que reciba las declaraciones patrimoniales y monitoree su evolución actúe con independencia. Y, además, que se disponga de los recursos humanos y la plataforma tecnológica que permita mantener relativamente actualizadas las declaraciones,  tomando en cuenta, no sólo los informes periódicos de los funcionarios, sino también la revalorización de los bienes inmueble por efecto de la inflación o por razones de mercado.

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