jueves, 23 de diciembre de 2010

Una decisión judicial preocupante

El más alto tribunal del país acaba de dar “un paso atrás” en el reconocimiento de la jerarquía normativa de los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó recientemente un recurso de inconstitucionalidad contra el art. 8 de la ley 111, modificado por la ley 3985, que confiere a esa Corte la condición de “tribunal disciplinario”, para los casos de “mala conducta notoria” en el ejercicio de la profesión de un profesional a quien se le hubiere otorgado exequátur.

El profesional sometido a juicio es un abogado y sus defensores alegaron inconstitucionalidad de la referida norma, por contravenir el derecho a recurrir que le asiste a todo aquel que ha sido sometido a un proceso penal, disciplinario o de cualquier otra naturaleza, garantía que forma parte del Bloque de Constitucionalidad del sistema jurídico dominicano.

Lo que demandaba el abogado procesado era que se declarara inconstitucional el mencionado artículo, y que se estableciera, con carácter erga omnes –es decir aplicable a todos los casos en el futuro- que procesos similares al suyo sean conocidos, en primer grado, por el Colegio de Abogados, y que la Suprema Corte de Justicia fungiera como tribunal de segundo grado. Esto compatibilizaría la Ley sobre Exequátur con la Ley no. 91-83, que creó el Colegio de Abogados, y que establece un sistema de enjuiciamiento disciplinario idéntico al demandado.

La Suprema Corte, con el voto disidente y debidamente razonado de cinco de sus integrantes, falló contra el pedimento de inconstitucionalidad, declarando que “el art. 8 de la Ley No. 11 del 3 de noviembre de 1942, no viola ningún canon o principio constitucional”.

Lo lamentable de esta decisión es que la mayoría de los jueces que integran el más alto tribunal del país sostienen, en su sentencia, que el derecho a recurrir un fallo ante un juez o tribunal superior “se circunscribe a la materia penal”.  Es decir, que esta decisión es violatoria de la Resolución 1920-2003, sobre medidas anticipadas, en uno de cuyos atendidos se establece que las garantías que se reconocen en la misma, deben aplicarse a las materias civil, administrativa, laboral, disciplinaria, fiscal o de cualquier otra naturaleza. ¿Por qué negarle a un abogado que apele una sanción disciplinaria en su contra?

Y lo más grave aún es que esta resolución echa por tierra el principio de jerarquía normativa de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, reconocido por el Código Procesal penal y por la referida resolución, pues supedita y condiciona la primacía de los principios y garantías consagrados en el Pacto de San José y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a que una norma nacional, como la cuestionada en este caso, también vulnere la Constitución dominicana.

Si estos razonamientos del más alto tribunal del país no constituyen un retroceso en el proceso de constitucionalización de la justicia dominicana, son en sí un muy mal augurio.

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