viernes, 24 de diciembre de 2010

Constitución y legalidad penal

La nueva Constitución dominicana ha ampliado y fortalecido los Derechos Fundamentales,  superando la antigua concepción liberal de los derechos civiles y políticos.

La nueva Constitución dominicana, proclamada el pasado 26 de enero de 2010, ha ampliado el catálogo de Derechos Fundamentales, estableciendo un sistema de garantías para que aquellos se tornen efectivos, así como un conjunto de principios para interpretarlos y aplicarlos.

Especial atención merece, a nuestro modo de ver, la consagración constitucional del principio de legalidad penal, que si bien formaba parte del denominado Bloque de Constitucionalidad, no tenía una formulación explicita en la Constitución del 1966, aunque la doctrina y la jurisprudencia siempre lo dedujeron de su art. 8, numeral 6,  en el que la norma sustantiva dominicana establecía que “A nadie se le podrá obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”.

Junto a los de intervención mínima, culpabilidad, igualdad y lesividad, el de legalidad es uno de los principios límitadores del Jus Puniendi en todo Estado moderno. Es un principio de profundo contenido político, en la medida en que expresa la necesidad de que sean los legisladores, los que determinen cuáles conductas ciudadanas vulneran qué bienes jurídicos y con cuáles penas se castigan. 

La formulación del principio de legalidad penal y administrativa, ha encontrado su espacio en el numeral 13 del art. 40 de la nueva Carta Magna, que establece que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”.   O sea, las únicas conductas que pueden ser sancionadas –por los tribunales o por la Administración- son aquellas que previamente han sido descritas por una norma anterior a la comisión u omisión punible.

Ese principio de legalidad ha sido reafirmado cuando, en el numeral 7  del art. 69 de la nueva Constitución se enfatiza que “ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio”.

Otro aporte importante de la nueva Constitución dominicana es que establece  que “solo por ley, en los casos permitidos  por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”  (art. 74.2).   A lo que finalmente nos permitimos añadir que, la eventual regulación del algún derecho o garantía constitucional, únicamente podrá hacerse mediante una  “ley orgánica”, o sea, con una ley que, como establece el art. 112 de la nueva Constitución, requiere el voto favorables de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras, y una regulación que deberá respetar siempre el contenido esencial del derecho en cuestión.

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